La vivienda es el género arquitectónico más ensayado pero el que presenta mayores deficiencias. De todo lo que se construye al año, un buen porcentaje corresponde al parque habitacional para cubrir la morada de los seres humanos.
Edificar siempre ha sido una tarea costosa porque implica movilizar muchos recursos (territoriales, urbanos, económicos y materiales) cuya alineación dista de ser eficiente.
A nivel mundial atender la demanda de vivienda enfrenta varios obstáculos: el alto costo de terrenos y materiales, procesos burocráticos lentos y la escasez o falta de capacitación de la mano de obra. Esta situación se traduce en que más de 1,800 millones de personas a escala global carece de una vivienda adecuada.
En los últimos años se han adoptado mecanismos para atenuar este reto, recurriendo a sistemas constructivos modulares e industrializados para reducir costos y tiempos de ejecución mediante la fabricación en serie. Otra tarea implica adoptar reformas con el ánimo de agilizar la obtención de licencias y flexibilizar las normas de control urbanísticas. Finalmente, se ha promovido alianzas público-privadas para canalizar la inversión buscando acceder a subsidios enfocados en la vivienda social accesible.
En los últimos días nos hemos enterado de múltiples manifestaciones por el problema de la vivienda en España. Llama la atención que un país europeo con larga tradición de conquistas sociales no tenga resuelto uno de los principales derechos humanos. Las protestas responden al encarecimiento excesivo de los alquileres, la proliferación de pisos turísticos, la especulación de fondos inmobiliarios y los desahucios de familias en situación vulnerable.
El problema persiste debido a la escasez histórica de vivienda pública (inferior al 2% del total), la baja tasa de edificación frente a la demanda y los continuos desacuerdos políticos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para aplicar regulaciones efectivas.
El epicentro de las movilizaciones se sitúa en Madrid (con la Puerta del Sol como símbolo principal), extendiéndose con fuerza a Barcelona, Valencia y Sevilla. En el caso español se deberá ampliar masivamente el parque de vivienda social, restringir las licencias para el alquiler turístico y de corta estancia, e incentivar fiscalmente a los propietarios que fijen precios de arrendamiento asequibles.
Por lo que respecta a nuestro país, la construcción de vivienda de interés social atraviesa un histórico rezago debido a la caída en la producción privada, lo que ha detonado un plan gubernamental para edificar 1.8 millones de inmuebles. Dentro de los agentes destaca el gobierno y otras instituciones como el INFONAVIT, CONAVI y SEDATU, al tiempo que el sector privado participa mediante desarrolladores e inmobiliarios para atender los requerimientos de las familias trabajadoras de ingresos bajos o medios.
Un cuello de botella ha sido la mezcla de encarecimiento por los elevados costos de materiales y del suelo, la localización de terrenos alejados y periféricos sin transporte ni servicios básicos así como la incapacidad de pago por precariedad y salarios insuficientes para costear créditos, impulsando la autoconstrucción e informalidad.
