El juzgado cívico de Puerto Vallarta opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Atiende faltas administrativas, disturbios, faltas de tránsito, infracciones a comercios y construcciones, pero no delitos. Esa frontera, que parece clara sobre el papel, se difumina con frecuencia en la percepción ciudadana. Frida Magdalena Castillo, coordinadora de jueces municipales, lo sabe bien: parte de su trabajo es explicar a la sociedad qué sí y qué no le corresponde resolver al juzgado cívico.
En entrevista, la funcionaria —abogada de profesión, egresada de la Universidad Vizcaya y con experiencia previa en la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano— detalla el funcionamiento del juzgado, los retos que enfrenta y los avances de un modelo de justicia cívica que, dice, apuesta por la audiencia individual, la mediación y la no revictimización. También habla de lo que falta: un equipo multidisciplinario, trabajo comunitario para jóvenes y continuidad institucional más allá de los cambios de administración.
—Cuéntame qué tipo de casos son los que más llegan al juzgado municipal hoy en Puerto Vallarta.
Primero creo que es importante que la sociedad sepa qué llega al juzgado municipal, porque a veces se genera confusión y se cree que podemos suplir cuestiones que son materia de un delito. El juzgado cívico es competente para ver faltas administrativas. Tenemos detenidos que se ponen a disposición del juzgado: personas que causan algún disturbio, molestias, que ingieren bebidas alcohólicas o conducen bajo sus efectos, faltas en locales comerciales, construcciones. Vemos molestias a personas, bienes, cuestiones que afecten la tranquilidad de la sociedad. Eso es lo que atiende principalmente el juzgado cívico. Y lo que más llega son los folios de tránsito, yo diría, por el número de vehículos que hay hoy en la ciudad. Sin embargo, las faltas administrativas también son muy frecuentes.
—En temporada alta, con más turismo, ¿se desborda la carga de trabajo? ¿Aumenta por turistas o por locales?
Aumenta considerablemente, eso es un hecho, por la interacción entre residentes y personas foráneas, sean nacionales o extranjeros. Sí aumenta. Y hablándote desde el punto personal, algo que me gustaría hacer en esta entrevista es reconocer el trabajo del equipo del juzgado: jueces, secretarios, actuarios y personal administrativo. El compromiso que han tenido ha sido imprescindible para sacar adelante ese trabajo. Definitivamente aumenta en vacaciones: julio, diciembre, Semana Santa y Pascua. Además, el juzgado cívico también está presente en el operativo Salvando Vidas, el alcoholímetro. Por el tema de bebidas alcohólicas, las personas bajo sus influjos incrementan mucho la carga de trabajo.
—¿Y qué hay de la violencia intrafamiliar? Se percibe mucha violencia hacia las mujeres en Puerto Vallarta.
Nosotros no somos competentes, toda vez que eso es un delito. Inclusive en caso de violencia de género tampoco somos conocedores. Para nosotros, sí violencia psicológica o económica, el juzgado cívico es competente para emitir órdenes de protección, pero no cuando se percibe o se presume la existencia de un hecho delictivo. Eso es competencia de la Fiscalía.
—También les toca el tema de multas por sanciones, por no cumplir con reglamentos. ¿Qué tal cumple el vallartense? ¿Tienen muchas quejas?
Quejas no. Muchos reportes, clausuras o apercibimientos. De acuerdo al procedimiento administrativo, debe haber primero un apercibimiento y el proceso hasta que la persona, si hace caso omiso al cumplimiento de sus obligaciones, es acreedora a una multa o clausura. Siempre se trata de agotar por parte de las áreas correspondientes. Nosotros somos competentes en el momento del cálculo de la calificación de la infracción, pero no somos quien visita al comercio o la obra. Eso es de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Pero sí somos conocedores de multas a comercios, construcciones, tránsito, Protección Civil, Sostenibilidad Ambiental y Bienestar Animal.
—Noto cierta tolerancia o conciencia de parte de los jueces al calificar las faltas administrativas. No es solo «te toca esto y ya».
Correcto. Todos los ciudadanos tienen derecho, al comparecer de manera responsable ante el juez, a detener su audiencia y exponer los motivos o la situación en la que se encuentran. Nuestro reglamento nos faculta para evaluar la situación de cada persona al momento de determinar una multa, de manera individual. Yo debo valorar, por ejemplo, si tienes dependientes económicos y tus ingresos son menores, si tienes una discapacidad, si eres mujer soltera, tu salario. El reglamento dice que las personas jornaleras o de muy escasos recursos, si bien ya vienen los artículos en los cuales fue omiso al cumplir sus obligaciones, también es cierto que podemos valorar esos factores para que la multa no sea excesiva o le cause un menoscabo a la persona o a su familia.
—Hablamos de justicia cívica. ¿Aquí se aplica o nada más es llegar y pagar la multa?
—Con nosotros, el juzgado cívico o municipal, este nuevo modelo de justicia cívica ya no es solo «esta es tu multa y ya». Tenemos la obligación de darle su audiencia a la persona, hacerle saber el derecho que tiene a seguir un procedimiento o promover algún recurso o medio de defensa. La persona, cuando viene a su audiencia, tiene derecho a ofrecer sus pruebas, ya sea mediante medios electrónicos o documentales. Yo tengo la obligación de valorarlas y tomarlas en consideración. Es muy importante que la gente conozca y tenga la apertura de que puede venir a comparecer ante el juez, mostrar sus elementos de prueba, que van a ser valorados y sobre eso se determinará la sanción de manera individual. Eso es muy positivo con este modelo de justicia cívica. Así mismo, se trata de evitar la reincidencia, se trata de mediar las situaciones para poder llegar a la mediación en el tema de conflictos. Nos estamos capacitando actualmente, los jueces y secretarios, en materia de medios alternos para la solución de controversias.
—Como coordinadora de jueces, ¿cómo es ser mujer en una posición históricamente ocupada por hombres? ¿Cómo garantizas la perspectiva de género en las resoluciones?
A nivel personal y profesional me enorgullece tener esta oportunidad, porque creo que el trabajo que hacemos las mujeres en capacitarnos, en ser constantes, en dar buenos resultados, me da la oportunidad de dejar una huella. Yo soy una persona que cree en el seguimiento, en la constancia, en la capacitación. Eso es fundamental para darle a los ciudadanos la atención que se merecen. Respecto a la perspectiva de género, tengo la obligación de juzgar con perspectiva de género, y la tenemos todos. Es importante que sepamos identificar no simplemente el hecho de ser mujer, sino reconocer las situaciones en las que podemos identificar relaciones asimétricas de poder, ventajas y desventajas. Sí reconocemos lo que puede afectar a una mujer, pero no por eso en particular se le debe favorecer, sino que tengo que reconocer cuando puede haber un indicio de que, por una cuestión de género, se esté afectando a las mujeres. En ese caso sí tengo que actuar de manera objetiva. El juzgado es competente para la emisión de órdenes de protección. Gracias a la buena relación con el CJM, a través de su directora Gina Morones, hemos estado en mesas de trabajo para evitar, en el caso de las mujeres, la no revictimización, la atención oportuna e inmediata, que tengan una atención digna de acuerdo a los derechos que les dan nuestros reglamentos y leyes.
—En cuanto a mediación y sanciones, ¿cuánto están resolviendo por mediación y cuánto termina en sanción? ¿La gente quiere arreglar sus conflictos?
—Tenemos mucho trabajo, eso es sin duda. Lo hacemos gracias al equipo que tenemos y se sale al día, se atiende a todos los ciudadanos que vienen. Hoy por hoy te diría que lo que hay más son sanciones. Sin embargo, estamos apostando todo lo posible porque vayamos caminando hacia la mediación, con la capacitación constante, invitando a las personas a que no haya reincidencia, implementando herramientas para reeducar a la sociedad y evitar la reincidencia. Actualmente estamos trabajando en el seguimiento para el reglamento del trabajo comunitario, que creo que va a ser un paso muy importante, y más para los jóvenes. Creo que eso va a ayudar mucho para educarnos como sociedad, de una manera muy respetuosa. Puede ayudar más que una sanción económica. Estamos apostando todo y capacitándonos en solución de controversias para que en un futuro sea más mediación que sanciones.
—¿Para cuándo estaría listo el trabajo comunitario? ¿Sería en espacios públicos o privados?
En este momento tenemos mesas de trabajo para que, primero, entre las dependencias —Servicios Públicos, Bienestar Animal, Sostenibilidad Ambiental— tengamos servicios eficientes. Las menciono porque son dependencias públicas que necesitan mucho apoyo y que al final es para un bien común: la limpieza de las playas, de los cauces de ríos. Ahorita estamos en reuniones interdisciplinarias. Fue muy importante para mí, al tomar la coordinación, dar seguimiento a puntos que estaban faltos de seguimiento. Sindicatura nos ha apoyado mucho. Se está esperando que en la siguiente sesión de cabildo se toque el reglamento, que ya anteriormente había sido tocado, pero había quedado ahí. Se va a dar seguimiento. Muchas cuestiones de los jóvenes: al final son los papás los que dan seguimiento. Creo que es un punto más para los jóvenes, que la economía puede ser el trabajo comunitario, y que también ayuda a que las personas puedan resarcir su falta sin afectar su bolsillo. Para los que sean acreedores de aplicar para esa situación. También hay situaciones en las que no, pero creo que como gobierno tenemos la obligación de atender, por ejemplo, a las personas con cuestiones de alcohol, que vayan teniendo otro tipo de sanciones que sean para la mejora de la convivencia en nuestra ciudad. Creo que eso va a ayudar mucho a que vayamos más al modelo de justicia cívica.
—¿Serían sanciones económicas y de trabajo comunitario, o se combinarían?
Se evalúa de manera individual. Si es una persona reincidente, depende de la infracción, de qué hizo, en qué alcance. No te podría decir en este momento la más alta, ya que no tenemos datos estadísticos. Es uno de los retos que me gustaría tocar: avanzar en ese tema.
—¿Qué está pasando con los jóvenes detenidos por faltas? ¿Se sanciona a los papás por ser responsables de ellos?
El juzgado cívico no es competente para temas de menores. No nos ponen a disposición a menores de edad bajo ninguna circunstancia. Pero hay personas de 18, 19, hasta 25 años que siguen viviendo en casa de sus papás, o el carro es de su papá, o la moto está a nombre de su mamá. A eso me refería. Sí hay reincidencia, por disturbios más que nada y por hechos de tránsito. ¿Qué herramientas veo para evitar la reincidencia y prevenir faltas administrativas? La aplicación, desde mi punto de vista personal y profesional, es que podamos llegar al tema del trabajo y servicio comunitario. Creo que eso puede ayudar mucho para evitar la reincidencia en los jóvenes.
—¿Y la mendicidad infantil? ¿Es una falta del Bando de Buen Gobierno?
Con nosotros no. Seguridad Pública da vista. Nosotros no somos conocedores de ese tipo de hechos en ninguna circunstancia. Eso lo maneja el DIF, la Fiscalía, otras instancias. Mayormente podríamos tener conocimiento de personas en situación de calle. En el tema de ellos, evaluamos qué hicieron o cuál es su infracción. Normalmente es por ingerir bebidas alcohólicas, orinar en la vía pública. Antes de llegar al juez, las personas pasan por un equipo: trabajadora social y un médico. Si una persona no es apta —padece de sus facultades mentales o tiene una enfermedad grave— el doctor determina que no es apta para ingresar con nosotros, entonces no es puesta a disposición del juez.
—Somos una ciudad turística. ¿Cómo manejan las faltas cometidas por extranjeros? ¿Hay trato diferenciado?
El trato es el mismo para nacionales y extranjeros. La aplicación de nuestro reglamento es el mismo. La única diferencia es que cuando tenemos puesto a disposición a un extranjero tenemos la obligación de dar aviso de manera oficial al Instituto Nacional de Migración para que tengan conocimiento de que tenemos una persona de nacionalidad extranjera con sus datos.
—Durante tiempo ha habido recomendaciones en Puerto Vallarta por el tema de derechos humanos, particularmente en los separos. ¿Cómo garantizan que se respeten los derechos humanos y el debido proceso?
Principalmente dando un trato digno a las personas que son puestas a disposición del juzgado municipal, verificando que esta persona haya pasado por todos y cada uno de los procesos antes de haber sido puesta a disposición con nosotros. Y aunque ya esté puesta a disposición de nosotros, tenemos la obligación de corroborar la información y revisar la situación bajo la cual se encuentra la persona para garantizar sus derechos humanos. Que no presente signos de violencia cuando es puesta a disposición, corroborar con ellos la información que viene en su IPH, que sepan por qué están ahí, su situación de salud en ese momento. Y en el caso de que advirtamos la presencia de un delito, dar vista al Ministerio Público. La persona tiene derecho a alimentos, agua, baño, comunicación con sus familiares si lo solicitan. Siendo imparcial como jueza, dándole su debida audiencia, haciéndole saber sus derechos, medios de defensa. Y en el caso de perspectiva de género, cuando es una mujer, revisar todos y cada uno de los detalles, si hubiera algún signo de violencia o si se pudiera presumir algún caso así. Siempre tenemos la obligación de juzgar con perspectiva de género.
—¿Cómo es la coordinación con la Fiscalía del Estado para no dejar asuntos que deberían investigarse como delito?
Mayormente nosotros tenemos disturbios, proferir insultos y ese tipo de cosas. Cuando tuviéramos conocimiento de que hay la presunción de un hecho delictivo, tenemos la obligación en ese momento, vía oficio, de dar vista al Ministerio Público. Inclusive si no hubiera coordinación, es una obligación que tienes como juez. Es importante recordar que los funcionarios públicos tenemos responsabilidades por acción y por omisión. Si yo no lo hiciera, estaría faltando al seguimiento. Yo cumplo en ese momento dando aviso al Ministerio Público. Desde ahí ni siquiera debo recibir a la persona; debo solicitar que la lleven a poner a disposición a la Fiscalía, porque no está en mis facultades. Estaría excediéndome. Como buena coordinación, tenemos mesas de trabajo. La comunicación interinstitucional es imprescindible para que tengamos los mismos canales de actuar, para que tengamos personal capacitado que sepa identificar cuándo es un hecho delictivo.
—Finalmente, sobre los retos: ¿cuál es el mayor reto de la justicia municipal en Puerto Vallarta? ¿Qué falta para tener juzgados modelo a nivel nacional? ¿Hacen falta más jueces?
—Yo creo que actualmente el reto es la capacitación continua. Desde que estoy en la coordinación hemos tomado capacitaciones y tenido acercamientos con el CJM, con la unidad especializada y con la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Para el tema de extranjeros, la comunicación con Migración. Actualmente estamos en un diplomado los jueces y algunos secretarios para obtener la certificación en medios alternos para la solución de controversias, que es imprescindible para el modelo de justicia cívica. Sin embargo, abonando a todo lo bueno, como todo, puede haber ciertas cosas que falten por completar. Para mí sería dotarnos de un equipo multidisciplinario que pueda complementar el equipo: trabajadora social, psicólogo, que nos hace falta para poder atender de primera mano este tipo de circunstancias. Eso creo que nos ayudaría a mejorar. Pero creo que hoy por hoy vamos bien. Es importante mencionar que el juzgado opera 24 horas. Mi puesto como coordinadora es un reto simplemente ser mujer y garantizar los resultados. El juzgado atiende una oficina en Sindicatura, una oficina en Comisaría y el operativo Salvando Vidas. Las directivas de las órdenes de protección actualmente tratamos que sean dentro del mismo Centro de Justicia para evitar el traslado de las mujeres y su revictimización.
