Puerto Vallarta, Jalisco.-
Detrás de la coordinación de los juzgados municipales de Puerto Vallarta se encuentra Frida-Magdalena Castillo, una abogada egresada de la primera generación de la Universidad Vizcaya que, tras su paso por el área legal de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, asumió en abril el reto de liderar la justicia cívica en el municipio.
En un cargo operativamente demandante que funciona las 24 horas del día y que históricamente ha sido ocupado por hombres, Castillo coordina hoy a un equipo de nueve jueces, de los cuales solo tres son mujeres. En esta entrevista, la funcionaria detalla la transición de los juzgados hacia un modelo de justicia cívica enfocado en la mediación, la individualización de las sanciones y el respeto irrestricto a los derechos humanos, al tiempo que aclara los límites de su competencia frente a los delitos de violencia de género y familiar.
El día a día en los juzgados municipales
Para comenzar, ¿qué tipo de casos son los que más frecuentemente llegan a los juzgados municipales de Puerto Vallarta?
Lo que mayormente llega, debido al volumen de vehículos que circulan hoy en día en la ciudad, son los folios de tránsito. Sin embargo, también atendemos con mucha frecuencia faltas administrativas. Es importante que la sociedad sepa que el juzgado cívico o municipal es competente únicamente para ver temas administrativos y faltas que alteren el orden o afecten la tranquilidad de las personas, sin que estas constituyan un delito. Por ejemplo, atendemos casos de personas que causan disturbios, molestias, o que conducen bajo los efectos del alcohol.
Mencionaba el tema de los delitos. ¿Qué ocurre cuando se presenta un caso de violencia intrafamiliar o de género?
Nosotros no somos competentes en esos casos porque se trata de delitos. La violencia familiar es competencia exclusiva de la Fiscalía del Estado. Si un elemento de seguridad pública detecta un hecho delictivo, debe pedir mando y conducción directamente al Ministerio Público. En el caso de que algo así llegara con nosotros, nuestra obligación inmediata es dar vista al Ministerio Público. Lo que sí está dentro de nuestras facultades es la emisión de órdenes de protección para las mujeres en casos de violencia psicológica o económica que no constituyan un delito.
El nuevo modelo de justicia cívica
Se habla mucho de la transición hacia la «justicia cívica». ¿Cómo cambia esto la atención al ciudadano?
Con el nuevo modelo de justicia cívica, el proceso ya no consiste simplemente en llegar y pagar una multa. Ahora tenemos la obligación de otorgar una audiencia al ciudadano, hacerle saber sus derechos y permitirle ofrecer pruebas, ya sean documentales o electrónicas, para defenderse ante el juez.
Además, las multas ahora se determinan de manera individual. El reglamento nos faculta para evaluar la situación económica de cada persona, si tiene dependientes económicos menores de edad, si es una madre soltera, o si se trata de personas de muy escasos recursos o jornaleros, evitando así que la sanción sea excesiva o cause un menoscabo grave a su día a día.
¿Cómo se está buscando reducir la reincidencia bajo este esquema?
Actualmente la mayoría de los casos terminan en sanciones, pero estamos apostando fuertemente por la mediación. Para ello, los jueces y secretarios nos estamos capacitando continuamente en medios alternos de solución de controversias.
Además, estamos trabajando en mesas interdependencias para dar seguimiento al reglamento de trabajo comunitario. Creemos que el servicio comunitario —como la limpieza de playas o cauces de ríos— será una herramienta clave, especialmente para los jóvenes, ya que ayuda a reeducar a la sociedad y resarcir la falta sin afectar directamente el bolsillo familiar. Cabe aclarar que el juzgado no tiene competencia sobre menores de edad; cuando hablamos de jóvenes, nos referimos a personas de 18 a 25 años que cometen disturbios o infracciones de tránsito.
Derechos humanos y el trato a extranjeros
Puerto Vallarta es un destino turístico primordial. ¿Existe un trato diferenciado o de mayor cortesía hacia los extranjeros que cometen faltas administrativas?
No, la aplicación de la ley y de nuestros reglamentos es exactamente la misma para nacionales y extranjeros. Ambos tienen los mismos derechos: derecho a audiencia, a un debido proceso, a atención médica, alimentos durante su estadía en los separos y a una sanción proporcional. La única diferencia operativa es que, cuando se pone a disposición a un extranjero, tenemos la obligación oficial de dar aviso al Instituto Nacional de Migración.
Históricamente ha habido señalamientos sobre los derechos humanos en los separos de la región. ¿Cómo garantizan hoy un debido proceso?
Garantizamos los derechos humanos verificando minuciosamente que la persona haya pasado por todo el proceso correspondiente antes de llegar al juez. Esto incluye que pasen primero por un área médica y de trabajo social para determinar si son aptos para ingresar. Si una persona padece de sus facultades mentales o tiene una enfermedad grave, el médico determina que no es apta y no ingresa con nosotros.
Asimismo, nos aseguramos de que los detenidos no presenten signos de violencia, que tengan acceso a agua, alimentos, baño y comunicación con sus familiares. Si la persona no cuenta con recursos para pagar una multa, siempre les damos la opción de cumplirla con horas de arresto para no obligarlos a una sanción económica inviable.
El reto de ser mujer en la coordinación
¿Cómo ha sido su experiencia como mujer al frente de esta dependencia y qué retos identifica?
Es un gran orgullo y una enorme responsabilidad. Mi puesto es sumamente operativo y demanda atención las 24 horas del día, coordinando oficinas en sindicatura, comisaría, el operativo Salvando Vidas (alcoholímetro) y las órdenes de protección. Como mujer, juzgar con perspectiva de género es un deber. Esto no significa favorecer a la mujer de manera sistemática, sino saber identificar relaciones asimétricas de poder, ventajas y desventajas para actuar con total objetividad. Actualmente, de los nueve jueces municipales, solo tres somos mujeres. Yo invitaría a más mujeres abogadas a que no tengan miedo de aplicar a las convocatorias públicas para estos cargos.
Finalmente, ¿qué le hace falta a Puerto Vallarta para consolidar juzgados modelo a nivel nacional?
Aunque vamos por muy buen camino, una de nuestras principales áreas de oportunidad es dotarnos de un equipo multidisciplinario propio dentro del juzgado, integrado por psicólogos y trabajadores sociales. Actualmente dependemos de valoraciones externas, y contar con especialistas de primera mano nos permitiría identificar mejor ciertas situaciones.
Por último, el mayor reto es dar continuidad. A veces, con los cambios de administración, se interrumpen los avances y se pierde el seguimiento de proyectos valiosos como las capacitaciones o el trabajo comunitario. Los funcionarios públicos debemos ser objetivos y entender que el fin último de nuestro trabajo es el beneficio y la debida atención a los ciudadanos.
