Suelo accesible para todos
Una de las realidades más dolorosas en las ciudades contemporáneas es la desigualdad en la provisión de suelo en condiciones adecuadas; esta falla estructural es más intensa en países en desarrollo como el nuestro y se acentúa en los destinos turísticos de litoral.
Históricamente, las ciudades han estado divididas y han presentado variados patrones de localización desde su formación. En este proceso, se construyen, reconstruyen, destruyen, transforman y son habitadas por diferentes grupos para funciones diversas formándose entornos fragmentados que no coinciden con la aspiración de vivir integrados en torno a la comunidad.
La ocupación del territorio ocurre con marcas y fronteras (ya sean visibles e sutiles), materializándose en zonas centrales (de alta renta) y periféricas, con habitantes de escasos recursos, consolidando dinámicas de segregación residencial.
En el caso de Puerto Vallarta, la intensa migración favorecida por la disponibilidad de empleos vinculada al turismo, generó una alta demanda de suelo para la clase trabajadora que ha sido proveída con terrenos ejidales. Basta recordar que, en la década de 1970, no había condiciones para la adquisición de predios fortaleciéndose la irregularidad que vino a ser paliada momentáneamente con la creación del Fideicomiso Puerto Vallarta en 1973.
Ello permitió un periodo de relativa estabilidad en la provisión de viviendas accesibles para los vallartenses. Pero la paulatina implantación de una mentalidad extractiva sobre el territorio, impulsó dinámicas especulativas que tienen como aspiración la máxima captura de la plusvalía por efectos de una buena localización.
Cuesta trabajo creer que una tercera parte de la zona urbanizada y que dispone de todos los servicios públicos permanece baldía en nuestra ciudad, mientras que la mancha se expande al nororiente, más allá de La Desembocada, alentando una ocupación desordenada.
De esta manera, es necesaria la intervención de las instituciones vinculadas al mercado de suelo para regularlo y contenerlo. Una noticia positiva en este renglón ocurrió en días pasados con la instalación de la Comisión Municipal de Regularización (Comur) en Puerto Vallarta cuyo objetivo es proporcionar seguridad en la tenencia de la tierra a quienes han comprado de manera irregular. Si bien su establecimiento es positivo e importante, constituye una aspirina para un cáncer que crece y cuya solución no parece estar en la mira de los servidores públicos.
Vale señalar que, como en muchos otros rubros, los anteriores Ayuntamientos dejaron pasar la oportunidad para fungir como promotores de viviendas accesibles en contextos armónicos gracias al amplio arsenal de atribuciones contenidas en nuestro marco jurídico. Una de ellas es el “derecho de tanto”, que obliga a los ejidatarios a dar aviso al gobierno municipal de su intención de desincorporar el suelo ejidal, modalidad que, de haberse aplicado, habría sido la base para la creación de reservas urbanas para la población de bajos ingresos.
Pero en vez de promover la prosperidad territorial y el desarrollo social, se dedicó tiempo y talento a asegurar las fortunas personales de los involucrados, dejando una bomba de tiempo que requerimos desactivar para asegurar un futuro armónico en la geografía local.