Regular el mercado de suelo

A nadie sorprende que cada día sea más caro comprar o rentar una propiedad

Las ciudades operan como imanes donde se congregan personas en un espacio geográfico para el desarrollo del talento individual y colectivo. Con ello, es requerido designar porciones para vivir y trabajar, resultando en una modificación de la tierra para urbanizarla en un sistema que opera bajo reglas que no siguen los postulados de la economía de mercado aplicable a otras mercancías, implicando prácticas monopólicas y especulativas interviniendo agentes o dinámicas que la enturbian.

Una particularidad del suelo urbanizado es que no es producido ni reproducible, por lo que la demanda impone sus condiciones; así, el precio se determina por las dinámicas de relación tejidas en su entorno y no tanto por el volumen intercambiado, donde fuertes capitales especulan para futuras intervenciones, alterando su comportamiento por el exceso de capital, bajas tasas de interés o demanda agregada.

Carlos Marx formuló la Teoría General de la Renta de la Tierra para explicar la existencia de la propiedad, distinguiendo a los dueños como una clase dentro del sistema capitalista. Ello entraña una paradoja, ya que la tierra no es producto del trabajo social, pero se revaloriza como resultado de la renta que es acumulada por quien detenta la producción bajo la modalidad privada.

Otro componente que influye en el mecanismo de precios del suelo es la distinción entre valor de “uso” y de “cambio”. Para Marx, el valor de uso radica en el beneficio y adquiere vitalidad cuando las condiciones de uso son intercambiables. En contraparte, el valor de cambio reside en el proceso de aplicar trabajo socialmente necesario a objetos de la naturaleza para producir bienes aptos para el consumo. Esta consideración ofrece una explicación sobre la naturaleza del suelo urbanizado donde las personas compiten por obtenerlo en vez de cooperar entre ellos.

En México, el artículo 27 de la Constitución consignó el carácter social de la propiedad del suelo urbano, reservando a la Nación su determinación y facilitando la tenencia privada que está sujeta al interés colectivo. Pero en la práctica vemos que el espíritu de los Constituyentes de 1917 ha quedado relegado hasta consolidar una mentalidad donde se lucra extensivamente con este componente.

Basta echar una mirada a la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para comprobar que los bienes raíces son controlados por pocas, pero poderosas manos que extraen la renta de los bienes comunes para su beneficio. Y para maximizarlo, disponen de la complicidad de los agentes gubernamentales en turno, alterando el marco urbanístico bajo una lógica de expansión empresarial.

A nadie sorprende que cada día sea más caro comprar o rentar una propiedad en zonas con buenas condiciones de habitabilidad en la geografía regional y que el sueldo no alcance para residir en la proximidad laboral, debiendo desplazarse cada día más lejos y por periodos más largos.

La regulación del mercado de suelo en la región es tarea pública y, por tanto, política. Esta necesidad de intervención no aparece en las propuestas de campaña de quienes aspiran a gobernar en la metrópoli, preocupación que se agrega por la escasa preparación académica que parecer ser la constante en dichos personajes.