Conflictos socio-ambientales

Los procesos de desarrollo y expansión tienen implicaciones en los bienes de la creación, impulsado por un desequilibrio de poder materializado en dos maneras de concebir el mundo. Por un lado, están aquellos que ven a la naturaleza como un recurso de explotación, y por otro, quienes la entienden como el soporte esencial para la vida.

Ello genera mucha tensión y crea una zona de turbulencia a escala global, dado que la demanda de recursos actuales está chocando con los límites físicos del planeta. Dichos desajustes se expresan en conflictos socio-ambientales donde suelen salir perjudicadas las poblaciones más vulnerables.

Si bien las causas son múltiples, vale destacar algunos factores de tensión. El primero es la práctica extractiva en los territorios, en particular en sectores como la minería, tala, extraccción de hidrocarburos y el turismo, ignorándose la importancia de los bienes ambientales. El segundo es la competencia por los recursos, que suelen ser escasos en particular en la dimensión hídrica, con tendencia a la sequía asociada al cambio climático. También se presenta un desconocimiento de los atributos en ciertas comunidades, ya que empresas transnacioneles llevan a cabo proyectos concebidos desde sus oficinas centrales.

Dentro de las consecuencias se anota el desplazamiento y migración forzada, ya que cuando la tierra deja de ser fértil, las personas son forzadas a encontrar otros medios de subsistencia, acuñándose el concepto de “refugiados climáticos o ambientales”. Las iniciativas de defensa ambiental suelen responderse con violencia, donde muchos líderes se encuentran en situaciones de riesgo o ya han sido víctimas de alguna acción intimidatoria.

De acuerdo con datos publicados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en el año 2025 en México se documentaron más de trescientas agresiones a activistas, que incluyeron amenazas, hostigamiento o difamación, registrándose al menos diez asesinatos de defensores de los bienes comunes.

En la escala nivel regional, el pasado 11 de marzo Erik Saracho, director de Alianza Jaguar, fue objeto de un atentado a su vida, al consolidarse como una de las voces más críticas contra el crecimiento inmobiliario desmedido en la Riviera Nayarit. Su caso no es un hecho aislado, implica la culminación de años de persecución por parte de los poderes fácticos en el municipio de Bahía de Banderas.

Y en este momento, está activo el conflicto en Punta Mita, en la playa Las Cocinas, donde se está devastando el litoral costero para albergar un desarrollo turístico de alta gama, pero que implica afectaciones importantes a los derechos ambientales y comunitarios. Es deprimente observar cómo los policías estatales detuvieron a ciudadanos que ejercían su derecho a protestar mientras los mismos estuvieron ausentes en los actos violentos del pasado 22 de febrero.