Tres años después

El 4 de marzo del 2019 colapsó un tubo entre la planta de Las Mojoneras y la de tratamiento Norte II, ubicada en Las Juntas, formando parte del colector Centro-Norte, que es la columna vertebral del sistema de alcantarillado en nuestro puerto.

El colapso paralizó el flujo de aguas negras, generando importantes derrames en las colonias aledañas, en particular en el estero El Salado, que cuenta con declaratoria de área natural protegida. En aquel momento, fue desolador ver correr miles de litros de aguas negras que terminaron depositadas en los canales del área natural, invadida por la acumulación de residuos que afectaron a sus ecosistemas.

Anterior al suceso, se había alertado sobre la posibilidad de afectaciones en los sistemas de infraestructura básica, particularmente con el drenaje, debido al crecimiento urbano exponencial y desordenado en porciones de la franja turística. Las autoridades en turno hicieron caso omiso a los requerimientos, dejando pasar la oportunidad de anticiparse a los impactos naturales, sociales y económicos que ocurrieron.

Hace tres años, la catástrofe puso en evidencia las consecuencias de la expansión territorial acelerada donde la carga adicional en las redes de servicios básicos ocurre en líneas saturadas o agotadas por el paso del tiempo y el escaso mantenimiento.

También puso a debate la capacidad de gestión del SEAPAL como organismo operador del agua y saneamiento, particularmente afectado con la transferencia de atribuciones al organigrama municipal, cuando había sido administrado desde el gobierno de Jalisco con altos niveles de respuesta y eficiencia.

Mostró que los recursos económicos son necesarios para rehabilitar las redes de servicios, motivando formular mecanismos de compensación para que estas acciones fueran financiadas por los desarrollos impactantes, en vez de que suceda con dinero público, que es escaso y requiere ser orientado en colonias menos favorecidas.

Una respuesta a esta problemática fue la incorporación del impuesto al Incremento en el Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS), cuya bolsa debe ser invertida en los sitios que requieren actualizar las redes de servicios u otras necesidades. El uso correcto de estos fondos puede marcar la pauta para atender al territorio con criterios de solidaridad y subsidiariedad.

Finalmente, las instituciones locales deben estar preparadas para facilitar una coordinación adecuada, establecer protocolos claros y alentar mecanismos de resiliencia efectiva que reduzcan las afectaciones por eventos de coyuntura como el acontecido, particularmente ante un escenario de crecimiento urbano sostenido como el que seguirá presente en la región.

La gestión del agua potable y servida es uno de los puntos prioritarios en la agenda municipal, volviéndose urgente fortalecer a las entidades responsables, ampliar las capacidades humanas y financieras y formular métodos de ordenamiento territorial basados en las características de las cuencas hidrográficas. Los errores cometidos a lo largo del camino hay que tomarlos como oportunidades para alentar un desarrollo equitativo en un escenario de mediano y largo plazo.