Tres años de gobierno y de combate a la oposición
Hablemos en serio
Javier Orozco Alvarado
Investigador de El Colegio de Jalisco, A.C.
A tres años de gobierno, el presidente Andrés Manuel sigue manteniendo un alto grado de aceptación y de popularidad entre la población, pues a pesar de las embestidas de los medios y de sus fieles intelectuales conservadores; en su informe del 1º de diciembre el Zócalo se llenó como en otros tiempos y, según las encuestas más recientes de Mitofsky, él sigue mantiene una aceptación de más del 66% entre los mexicanos.
Si bien es cierto que la oposición y las élites ilustradas no logran entender este alto grado de popularidad del presidente, lo cierto es que el 34% de los que están en su contra forman parte de quienes han tenido oportunidad de ir a la universidad, de los que se habían beneficiado económicamente de un régimen extremadamente desigual, y de quienes mantenían significativos privilegios en la burocracia, la educación, la cultura o la política en el pasado.
En honor a la verdad, nuestro reconocimiento al trabajo del presidente no es en respuesta a ningún compromiso ni agradecimiento a un buen trato político, económico o laboral; mucho menos por prebendas o beneficios personales bajo alguno de los niveles de gobierno. Simplemente nos motiva a unos cuantos nuestra obligación de hablar con justicia, con ética y honestidad.
Todo esto porque nos sorprende escuchar en los medios de comunicación, en los “templos del saber”, en los foros, en las redes o en la voz de sus opositores, hablar sobre los fracasos y los grandes retrocesos del gobierno.
Para ellos, los migrantes muertos en la frontera Sur por accidentes o cualesquier otra de las causas, no es responsabilidad de los gobiernos de sus países de origen, sino del nuestro. Los muertos por la pandemia no es un problema mundial sino nacional; la crisis económica y la inflación es meramente local no de orden global; la falta de crecimiento es por no recurrir al financiamiento externo (o mejor dicho al endeudamiento) y al fracaso de la política macroeconómica.
De la misma manera, las acciones para la recuperación de los bienes nacionales, al igual que los programas sociales, son interpretadas por la oposición como obstáculos a la inversión extranjera y como un despilfarro que se paga con los impuestos de todos los mexicanos.
La realidad es que la oposición, a la que el presidente se enfrenta casi sólo día con día, ven en el nivel de aprobación sólo su capacidad para comunicar o para monopolizar los medios de información; se sienten acosados, perseguidos y privados de sus libertades periodísticas, a pesar de que gozan de libertad plena para expresar su permanente descontento.
No quieren reconocer que la popularidad del presidente tiene que ver con su lucha por sacar de la pobreza a casi dos terceras partes de la gente que durante casi medio siglo fue excluida, marginada y explotada por regímenes de privilegios. Que las reformas constitucionales que hasta ahora se han impulsado van encaminadas a resolver los rezagos sociales, económicos, regionales y sectoriales que por décadas se fueron acumulando con la privatización de las telecomunicaciones, el petróleo, la electricidad, la minería, las costas y todo el patrimonio de los mexicanos.
El muy criticado acuerdo para considerar proyectos de interés nacional, las obras realizadas por el Estado, así como la asignación de mayores responsabilidades y tareas al ejército, es un reflejo de la férrea voluntad de un presidente que pretende evitar el retroceso de los cambios constitucionales, así como el avance de obras como el tren maya, la refinaría dos bocas, la recuperación de la CFE, el logro de la autosuficiencia energética y alimentaria y los programas sociales, de los cuales actualmente se benefician los más de sesenta millones de gente pobre que apoyan al presidente.
Por eso, en muy poco tiempo, después de la próxima consulta para la revocación de mandato, esto es a principios del próximo año, podremos constar si era el presidente o era la oposición quienes tenían en verdad toda la razón.