Actualizar la planeación urbana

En la práctica, vemos que los intereses asociados al capital inmobiliario modifican las reglas del juego a su favor.

Hace unos días el Ayuntamiento dio a conocer la autorización para actualizar los planes de desarrollo urbano en Puerto Vallarta, tarea encomendada al organismo técnico responsable en el municipio. La acción es adecuada y se apega a lo establecido en el Código Urbano de Jalisco que expresa la necesidad de renovar los instrumentos urbanísticos con regularidad dada la rápida transformación en las ciudades.

La planeación urbana tiene varios propósitos, pero podemos destacar dos. El primero es otorgar cierta racionalidad al proceso de expansión territorial dictando las reglas del juego para las nuevas edificaciones y el segundo, distribuir los beneficios y cargas producidas por el propio proceso de urbanización.

En nuestro puerto, el primer esfuerzo institucional en la materia ocurrió con el Plan General Urbano, formulado por la administración estatal en 1975. En esa década destaca otra tarea de alcance regional: la Comisión de Conurbación de la desembocadura del río Ameca, aprobada en 1978 y que impulsó un Plan Regional de Desarrollo.

Sería hasta 1997 cuando se apruebe el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) para el centro de población vallartense, documento que tendría una vigencia de diez años y sentaría las bases para la práctica del ordenamiento territorial.

En 2011 ocurrió un avance importante en la materia al crearse diez distritos para mejorar la gestión del territorio. La idea era que cada uno dispusiera de su Plan Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) cuya cualidad es el fino nivel de detalle de los planes. En esa etapa se formularon siete PPDU, los cuales demostraron su pertinencia para la administración local.

También se dio vida al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano (CMDU) como órgano consultor y auxiliar de la administración municipal, mismo que ha contribuido de manera parcial en la dinámica urbana.

El último logro institucional fue la creación en 2020 del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) y la creación y actualización de 12 PPDU, diez dentro del centro de población y dos en la zona rural.

Por lo mencionado, da la impresión de que Puerto Vallarta dispone de un marco normativo robusto para hacer frente a los desafíos de la rápida urbanización. Y así sucede, pero en el papel. En la práctica, vemos que los intereses asociados al capital inmobiliario modifican las reglas del juego a su favor, dejando de aplicar las normativas aplicables. Para ello, se cuenta con el respaldo de “funcionarios” adscritos en los órganos técnicos encargados de otorgar las licencias de construcción.

Se tiene documentada la modificación discrecional con casos escandalosos como uno en Zona Romántica donde, de 5 departamentos posibles, fueron edificados 43, es decir, 8 veces más de lo establecido por la norma. La legendaria frase de “acátese, pero no se cumpla” goza de cabal salud.

Las intenciones para actualizar los planes son buenas, pero no parecen observarse cambios en las prácticas de especulación inmobiliaria ni medios para contenerla. Ojalá que el gobierno municipal actual pase de la norma a la acción en aras de un verdadero desarrollo colectivo y sustentable.