Investigaciones por corrupción en Puerto Vallarta: Avances y Retos

Puerto Vallarta enfrenta un número considerable de investigaciones por corrupción. En esta entrevista, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, el Mtro. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar detalla el estado actual de las denuncias, los procesos y las dificultades para llevar estos casos a la justicia.

¿Cuántas investigaciones por corrupción han recibido en Puerto Vallarta?

Hemos abierto un número considerable de carpetas de investigación derivadas de denuncias. Aproximadamente, hemos iniciado 280 carpetas, aunque no todas han permanecido con nosotros. En 134 casos, se determinó que no se trataba de hechos de corrupción, sino de posibles faltas administrativas. A través de la Caravana Anticorrupción, también brindamos asesoría a los ciudadanos, ya que muchas veces desconocen dónde dirigirse para resolver sus problemas. En algunos casos, la denuncia recibida corresponde a temas de naturaleza civil, mercantil o administrativa, y el Agente del Ministerio Público determina que no se trata de un delito, por lo que se procede a una abstención de investigar.

¿Cuál es el destino de las carpetas de investigación?

De las 280 carpetas, 41 han sido remitidas a otras áreas. Detectamos que los ciudadanos son rebotados de una dependencia a otra sin recibir atención adecuada. Por ello, instruí a los Agentes del Ministerio Público a no dejar sin respuesta a quienes desean presentar una denuncia. Si detectamos que un caso es de competencia federal, en lugar de decirle a la persona que acuda a la FGR, nosotros mismos recibimos la denuncia y realizamos actos de investigación preliminar para acreditar los hechos antes de remitir el caso a la instancia correspondiente.

Las carpetas que sí nos competen se siguen procesando. Actualmente, tenemos 66 en investigación inicial y al menos ocho han sido sobreseídas, es decir, concluyeron. En la mayoría de los casos, esto ocurre mediante una suspensión condicional del proceso, donde el acusado repara el daño y se somete a vigilancia de la autoridad por un período de seis meses a dos años. Además, en casos de abuso de autoridad, solicitamos que los servidores públicos involucrados tomen cursos sobre derechos humanos. Como parte de la reparación del daño, también se establece un donativo a instituciones de beneficencia, medida que implementamos primero en Puerto Vallarta y luego en el resto del estado.

¿Se han denunciado jueces por corrupción?

Sí, nuestra labor incluye investigar delitos en la administración de justicia. No somos supervisores de los jueces, pero investigamos posibles delitos, como el retraso doloso en la resolución de casos o decisiones contrarias a la ley. Si un juez dicta resoluciones fuera de los criterios legales o dilata procesos de forma injustificada, puede incurrir en un delito.

¿El caso del ministro que ocultó el expediente de Salinas Pliego para no pagar impuestos podría considerarse corrupción?

Podría constituir un delito de corrupción y, para ello, existe la fiscalía federal. Recibimos recientemente una denuncia en Guadalajara sobre un juez que no ha resuelto una tutela de derechos en más de un año. Si se prueba que el retraso fue doloso, estaría cometiendo un delito.

¿Los notarios son intocables en casos de corrupción?

No, no son servidores públicos, sino fedatarios, y están sujetos a regulaciones. Si falsifican firmas, suplantan personas o utilizan documentos falsos, cometen fraude, delito que corresponde a la Fiscalía del Estado. En Puerto Vallarta hemos impulsado la denuncia de trata de personas, y aunque no nos compete directamente, investigamos a las autoridades que no actúan ante estas denuncias.

¿Qué ocurre si el DIF o la Fiscalía ignoran denuncias sobre trata de menores?

Si las autoridades omiten su deber, se puede denunciar con nosotros. No siempre tenemos conocimiento directo de estos casos, pero si se presentan denuncias, las atendemos.

¿Es necesaria una mayor cultura de la denuncia?

Definitivamente. La denuncia es fundamental para combatir la corrupción y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.