Integración residencial

Si seguimos privilegiando el lucro sobre los vínculos comunitarios, no debería de sorprender nuevas resistencias

Dos hechos relacionados con la vivienda turística tomaron visibilidad en redes sociales en los pasados días. En el primer caso, ocurrido en Mazatlán, circuló un video donde un individuo, aparentemente extranjero, corría de manera altanera del frente de su vivienda a un trabajador de la construcción. El segundo, en San Francisco, Nayarit, donde una mujer, que decía ser originaria del vecino país del norte, insultó a una familia por instalarse frente a su casa en construcción, justificando que la playa era suya.

Destaca la cercanía temporal entre ambos sucesos y a reserva de verificar la veracidad de lo compartido en redes sociales, llama la atención que emerjan estas tensiones entre los “propietarios” y la población local que cada día asiste a una representación con el mismo guion, pero diferentes actores: la imposibilidad de acceder a buenas condiciones de habitabilidad en su propio territorio.

También es significativa la reacción popular en ambos acontecimientos, al convocar mediante plataformas digitales a protestar de manera “festiva” en dichas locaciones, llevando comida, bebidas y música como medio para llamar la atención. En Mazatlán, se comenta que fueron lanzados huevos a la puerta del aparente ofensor, algo que constituye una modalidad de agresión directa. Mientras que en San Pancho, la “fiesta” incluyó la presencia de pancartas en defensa del litoral y el espacio público, abogando por el rechazo a la privatización de las playas y fomentando la unidad ante actos de prepotencia de los particulares.

Por lo que respecta a la respuesta de los gobiernos locales, el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán afirmó que no hay certeza de que el presunto agresor sea extranjero y pidió evitar manifestaciones masivas por publicaciones en redes. Al tiempo que en Bahía de Banderas se impuso una multa tras comprobar que los trabajos de edificación eran realizados a pesar de tener una suspensión vigente.  

Estas expresiones seguirán apareciendo mientras no existan Programas de Integración Residencial en las ciudades mexicanas, en particular los destinos turísticos de playa. El conflicto por el acceso a la vivienda se debe a un mercado inmobiliario inflexible que captura la plusvalía generada por el proceso de urbanización aunado a los bajos ingresos de la mayoría de los ciudadanos.

La propuesta de integración residencial supone un giro en la mentalidad centrada en la expansión a ultranza, de enfoque productivista cuyo objetivo es optimizar los beneficios para obtener la más alta rentabilidad en el menor plazo. Bajo este argumento, se validan los excesos y modificaciones a la norma urbanística, que ocurren mediante una tácita complicidad entre empresarios, profesionales y “funcionarios” públicos.

Vale recordar que el crecimiento económico debe surgir como una consecuencia del bienestar social, teniendo en la educación y la ética a dos pilares importantes para el desarrollo de amplio espectro. Si seguimos privilegiando el lucro sobre los vínculos comunitarios, no debería de sorprender nuevas resistencias ante una realidad injusta en la distribución de los costos y beneficios de la expansión.

Como estrategia de supervivencia colectiva, nos vendría bien promover condiciones óptimas de habitabilidad, reduciendo la brecha en la ocupación del espacio y alentando la integración social en múltiples dimensiones.