Gentrificación con vista al mar

Entre 2004 y 2023, los gobiernos municipales en Puerto Vallarta emprendieron una carrera ciega hacia el desarrollo vertical, como si crecer hacia el cielo fuese sinónimo de progreso. En los hechos, este modelo benefició sobre todo a desarrolladores, inversionistas foráneos, funcionarios y políticos de turno, mientras los trabajadores vallartenses fueron empujados al margen, víctimas silenciosas de una gentrificación cada vez más agresiva.

La historia se repite en colonias como Emiliano Zapata, El Cerro, 5 de Diciembre, Versalles, Educación, e incluso en zonas tradicionalmente populares como El Pitillal: los vecinos de siempre han sido desplazados por nuevos inquilinos de mayor poder adquisitivo. Así, la vivienda digna se ha vuelto un lujo para quienes, paradójicamente, sostienen con su trabajo la economía turística de la ciudad.

Pero el problema no proviene únicamente de intereses externos. No pocos vallartenses se han sumado entusiastas a esta fiebre especulativa, alquilando habitaciones o departamentos a través de plataformas digitales a precios desorbitados. Hoy, una recámara con baño en Marina Vallarta puede costar desde $12,000 mensuales. En edificios nuevos sobre avenida Politécnico, el precio alcanza los $50,000. En Versalles, entre $27,000 y $35,000. En Las Juntas, $21,000 y contrato forzoso de un año. En Los Sauces, una vivienda puede costar $12,000; en Albatros, $14,000 por dos habitaciones. Y en el condominio Zoho, $35,000 por un departamento amueblado de una sola recámara.

Precios inalcanzables para la mayoría de los trabajadores, obligados a desplazarse cada vez más lejos del centro económico de la ciudad. La zona de Ixtapa, Ecotera, Los Patos o Las Palmas, lugares antes considerados una alternativa, también comienza a sufrir los efectos de esta burbuja.

El mismo fenómeno se ha trasladado al comercio. Lo que comenzó en El Malecón, donde muchos empresarios no pudieron sostener los elevados costos de renta, ya se replica en Versalles, El Pitillal o Cuapinole. Locales de $7,500 mensuales en zonas populares se justifican con el argumento de ser “puntos de alto tránsito”, ignorando que muchos microempresarios ni siquiera pueden formalizarse ante las condiciones económicas impuestas.

Ante esta realidad, una gran parte de la clase trabajadora ha migrado a Bahía de Banderas. Pero incluso ahí, la bonanza inmobiliaria —más bien, el espejismo especulativo— empieza a colapsar la posibilidad de una vida digna. Se configura así una ciudad partida en dos: los que viven de la carretera al mar y los que sobreviven en las periferias del este.

Este desplazamiento no solo encarece la vida para quienes deben gastar más tiempo y dinero en transporte (servicio que, por cierto, es ineficiente y costoso), sino que también genera informalidad. Y con ella, una competencia desigual para los negocios establecidos, algo que los empresarios ya denuncian sin que el gobierno municipal sepa cómo —o quiera— intervenir.

Es cierto, la inflación tiene su cuota de responsabilidad. Pero lo más perverso es la especulación disfrazada de “libre mercado”. Rentas infladas al amparo de la ley de la oferta y la demanda, bajo el argumento de que “hay quien lo pague”: nómadas digitales, estadounidenses y canadienses encantados de pagar en pesos lo que en sus países costaría el doble o el triple. ¿Y la población local? Que se rasque con sus propias uñas.

Porque, al final, vivir en Puerto Vallarta sigue siendo barato… para quienes no son de aquí.

Es lamentable constatar que mientras el gobierno presume crecimiento económico, el costo lo paga la clase trabajadora, excluida del derecho básico a una vivienda digna. Se gobierna para una élite, bajo el falso mantra de que “generar empleos” justifica la destrucción social.

Y lo peor es que ni los gobiernos estatal o municipal, ni los líderes empresariales, saben cómo salir del atolladero que ellos mismos propiciaron al no construir vivienda social, al no planificar, al no regular un mercado desbocado.

Hoy Puerto Vallarta atraviesa una emergencia habitacional. Y no, no está mal que alguien quiera rentar su propiedad y obtener un ingreso. El problema es cuando esa ambición desmedida crea una espiral que deja fuera a todos los demás. Porque el alza en las rentas se traduce en aumento de precios de productos, de servicios, de todo. Y no hay salario que aguante.

El verdadero error de las últimas seis administraciones ha sido el desprecio sistemático por la clase trabajadora. Apostaron por el turismo, pero olvidaron que sin quienes atienden hoteles, cocinan, limpian, transportan y venden, ese turismo simplemente no puede existir.

Una ciudad que no entiende la justicia social está condenada a descomponerse desde adentro. Y cuando el andamiaje se caiga, también caerán los que hoy creen que sus ganancias están a salvo.