Gestión urbana diferenciada
Ojalá que el nuevo gobierno municipal que comienza su gestión, se aboque a investigar los abusos urbanísticos recientes en nuestra comunidad
En declaraciones recientes, el alcalde con licencia Arturo Dávalos Peña se desmarcó de la emisión indiscriminada de licencias de construcción durante su administración. A pregunta expresa, el funcionario señaló que “todos los permisos se dieron porque cumplieron con toda la documentación”.
Es posible que el aún alcalde no haya sido informado por sus subalternos sobre el proceso de tramitación o que lo haya olvidado ante las múltiples actividades que atendió durante su cargo. Sin embargo, las evidencias demuestran que en los dos mandatos que encabezó, se permitió la modificación discrecional de los instrumentos de planeación urbana que eran vigentes.
Esta práctica abusiva se basó en una interpretación alevosa del artículo 35 del Reglamento Municipal de Zonificación (hoy sin efectos) que permitía presentar Análisis Técnicos Justificativos (ATJ) para alterar al alza las normas de control urbanísticas en ciertas zonas, según conviniera al mercado inmobiliario, sobre todo en predios con alta demanda.
Una parte del abuso consistió en que la dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente diera entrada a los ATJ, toda vez que solamente podía ocurrir donde no hubiese Planes Parciales de Desarrollo Urbano, situación que no aconteció. El otro aspecto fue aplicar “tabla rasa” como criterio para conceder los excedentes urbanísticos; es decir, si un edificio ya había alterado las reglas del juego, éste era considerado como la norma de aplicación general, cuando debió promediarse con el contexto inmediato.
La ilegalidad de estas maniobras fue evidenciada en una torre en Amapas (que hoy es sujeta de demolición), al determinarse la invalidez jurídica del permiso por el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco. La apreciación fue secundada por Carlos Romero, procurador de Desarrollo Urbano estatal, al señalar que la autoridad municipal no tenía facultades para violentar sus propios instrumentos urbanísticos como lo hicieron.
Ello contrasta con el hecho de que el Ayuntamiento pudo haber modificado los planes urbanos para favorecer la inversión inmobiliaria de manera legal, pero no sucedió por razones desconocidas. Y es aquí donde la afirmación de Dávalos Peña carece de sustento, ya que el gobierno del “puerto que queremos” se caracterizó por una nula autocritica ante lo evidente, volteando la mirada en vez de atender las acciones irregulares. Tampoco hicieron caso a las voces que desde varios frentes alertaban sobre las consecuencias de la expansión acelerada en la franja turística, en particular en conjuntos de viviendas verticales.
Adicionalmente, se resistieron a aplicar mecanismos de compensación para atender las carencias en infraestructura, vialidad y espacios públicos ante el tsunami urbanizador. Solo al final de este mandato se incluyó el ICUS (impuesto al incremento del coeficiente de utilización del suelo), perdiéndose la oportunidad de ingresar muchos millones de pesos a las arcas municipales que habrían contribuido para atender las tensiones, en vez de ser financiadas con dinero público.
Ojalá que el nuevo gobierno municipal que comienza su gestión en menos de dos semanas, se aboque a investigar los abusos urbanísticos recientes en nuestra comunidad. Y que no vuelvan a repetirlos, dado el montaje de un esquema de extracción de los recursos territoriales y urbanos que se volvió un juego adictivo para los participantes en los Ayuntamientos a lo largo del siglo XXI.