“En México, la salud se volvió un negocio”

Luis Fernando Hernández Lezama, presidente de Soy Paciente, advierte que la inflación médica y la falta de regulación ponen al paciente en segundo plano, convirtiéndolo en una fuente de ganancias para hospitales, farmacéuticas y aseguradoras.

Por años, el derecho a la salud ha sido una garantía constitucional en México, pero en la práctica, millones de personas deben pagar para recibir atención médica. Luis Fernando Hernández Lezama, presidente del proyecto Soy Paciente, explica cómo la privatización, el desabasto y la ausencia de controles han generado una “inflación médica” que en 2025 podría alcanzar el 14.9%, una de las más altas de Latinoamérica.

¿Por qué surge Soy Paciente?

Soy Paciente funciona como una organización civil que busca recoger las preocupaciones, quejas y necesidades de todo tipo de pacientes. Todos, en algún momento de la vida, nos convertimos en pacientes.

Nuestra labor también consiste en establecer contacto con autoridades y organismos como la Comisión de Arbitraje Médico, la Comisión de Derechos Humanos, Profeco, la Secretaría de Salud y el Congreso de la Unión, con el fin de llevar estas necesidades y transformarlas en políticas públicas que realmente defiendan los intereses y derechos de los pacientes.

¿Qué conclusiones obtuvieron del estudio sobre inflación médica en México?

Primero, habría que partir del hecho de que en México, aunque se habla mucho de que el derecho a la salud es un derecho social —incluso desde 1983, cuando se incluyó en la Constitución como una garantía constitucional—, en la práctica existe una gran cantidad de población que no cuenta con este derecho. Es decir, a pesar de que el Estado garantiza que los mexicanos, por el simple hecho de serlo, tenemos derecho a recibir atención y protección médica, muchas personas terminan pagando para acceder a estos servicios.

Por otro lado, en la administración pasada se declaró que todos los tratamientos, medicamentos y servicios de salud serían gratuitos, pero esto tampoco se ha cumplido. Hay un gran desabasto y una amplia gama de servicios que no pueden brindar la atención necesaria.

Así, observamos que un alto porcentaje de la población recurre a servicios privados: consultorios adyacentes a farmacias, consultorios particulares en domicilios médicos y hospitales privados, donde resuelven la mayor parte de sus problemas de salud. Esto, en consecuencia, ha desencadenado un negocio. La salud se ha convertido en un sector prioritariamente privado, y para quienes ofrecen estos servicios, representa una oportunidad lucrativa.

Tener un consultorio o una clínica se ha vuelto un buen negocio; los grandes hospitales en México generan ganancias impresionantes, y los seguros de gastos médicos —que solo cubren a una pequeña proporción de la población— han incrementado sus primas de manera excesiva.

La justificación detrás de esto es la llamada inflación médica: el aumento en los costos de las consultas y tratamientos debido a la alta demanda de especialistas, quienes cobran más que los médicos generales y suelen recetar medicamentos más caros. Por ejemplo, si un dolor podría aliviarse con una aspirina, el especialista podría prescribir un fármaco patentado con el mismo principio activo pero recubierto de tecnología farmacéutica, lo que lo hace cinco, diez o incluso veinte veces más costoso.

¿El paciente ha quedado en segundo plano?

Sí. La salud ha pasado a segundo término; el paciente es visto como una oportunidad para generar ganancias. Las campañas publicitarias en farmacias y medios estimulan el consumo de medicamentos, medicalizando incluso problemas menores.

¿En cuánto han aumentado los precios de los medicamentos?

Los precios se han incrementado hasta un 20%. Según datos del INEGI, el gasto de bolsillo en salud —lo que paga directamente el paciente— pasó del 44% al 54%. Además, el porcentaje destinado solo a medicamentos se duplicó, del 20% al 40%, debido al encarecimiento y a la mayor cantidad de fármacos prescritos.

¿La inflación médica es provocada por médicos y farmacéuticas ante la falta de regulación?

En gran medida sí. Aunque la ley establece que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Salud, debe fijar precios máximos para insumos y medicamentos, esto no se aplica.

Países como Estados Unidos —donde históricamente se ha rechazado el control de precios— han comenzado a regular el costo de medicamentos en programas sociales. En México, no existe una estrategia real para prevenir enfermedades ni para priorizar la atención integral del paciente. El modelo fomenta que la gente recurra directamente a especialistas, lo que encarece la atención y favorece la cronificación de padecimientos.

En 2025 la inflación médica podría ser de 14.9%

Al privatizarse de facto la salud, lo que antes eran servicios públicos con cobertura amplia —como la vacunación al 97% de la población— se redujo drásticamente. Las reformas al sistema, desde el Seguro Popular hasta el actual modelo de atención “gratuita”, no han logrado garantizar cobertura real.

Hoy, la mayoría de la población se atiende en el sector privado, que ajusta sus precios según su propio crecimiento e inversión. A diferencia de países como Costa Rica, Colombia o Chile, donde la participación privada está regulada y el Estado cubre gran parte del gasto mediante copagos, en México el desabasto, la saturación y la ineficiencia han dejado el acceso a la salud en manos del mercado.

La inflación médica no responde únicamente a factores macroeconómicos: enfermedades graves como cáncer, Parkinson o hipertensión elevan los costos a niveles inalcanzables para la mayoría de la población. El problema es estructural y, mientras no se regule, seguirá colocando al paciente en segundo plano.