Paraplejia en la legislación animal

Tal vez estemos cerca de ver que la legislación animal comience a caminar, saliendo por fin de la paraplejia en la que se encuentra

México cuenta con instrumentos legales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Federal de Sanidad Animal. Además, actualmente 28 entidades federativas disponen de diversas legislaciones que establecen disposiciones de orden público e interés social para proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud, y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento.

Sin embargo, la gran mayoría de las leyes estatales y municipales presentan múltiples deficiencias que hacen que su aplicación o ejecución resulte, en muchos casos, inverosímil y absurda. Estas deficiencias se deben, precisamente, a las causas genéricas del maltrato animal, un esquema visionario que trasciende todos los estratos sociales y afecta la forma en que se abordan los temas socioeconómicos, políticos y legislativos en materia de bienestar animal.

Ante la notoria falta de criterio y de profundidad científica en las perspectivas necesarias para una legislación adecuada y eficaz, las cuatro causas —ignorancia, inexperiencia, incompetencia e inconsideración— han propiciado que muchas leyes y reglamentos no sean más que artículos de pensamiento mágico, ideologías dogmáticas y, en casos más graves, normas que ponen en riesgo la salud pública o los ecosistemas locales y regionales.

Todo esto ha sido originado, en gran medida, por iniciativas o propuestas de ley promovidas por personas sin preparación, basadas únicamente en creencias personales, ideologías mal informadas y percepciones emocionales, apoyadas por legisladores —locales, estatales y federales— que buscan obtener rédito político a través de tendencias populares. Muy pocas veces se analiza la viabilidad o las consecuencias de dichas propuestas a corto, mediano o largo plazo, buscando solo un poco de empatía en la doble moral ciudadana que, posiblemente, se traduzca en un voto.

Conceptos que, a simple vista, resultan emotivos y esperanzadores —como “en este municipio no matamos animales”, “esterilizaciones gratuitas y masivas”, o “donaciones alimentarias”— son, en realidad, nociones vacías, abyectas y, en ocasiones, peligrosas. Si se analizan todos los matices que se ocultan detrás de ellas, es posible encontrar, paradójicamente, más maltrato animal, muerte de otras especies, irresponsabilidad social, zoonosis e incluso tráfico de animales.

Todo esto se sostiene bajo el mantra lisérgico de “por los que no tienen voz”. Es momento de que, especialmente los políticos, dejen de buscar la salida fácil que ofrecen algunos grupos autodenominados animalistas, y enfrenten la realidad del entorno en el que se vive respecto a los animales.

Si bien es válido tomar en cuenta a dichos grupos para enriquecer las leyes, su ignorancia, inexperiencia e incompetencia no deben permear en las bases legislativas. Se debe confiar en los profesionales en la materia, quienes entienden que el camino no es una fantasía, sino una realidad compleja que requiere soluciones a corto, mediano y largo plazo, con personal capacitado que evite que las autoridades judiciales caigan en la inconsideración.

Se necesitan estadísticas reales para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, no depender de la tibia e inútil subjetividad de resultados como los que acompañaron la creación de la Subdirección de Bienestar Animal en el puerto. Estamos ante una oportunidad única: existen políticos con conciencia y visión, y profesionales con experiencia y formación más sólida en la materia.

Aunque es un camino complejo y difícil, tal vez estemos cerca de ver que la legislación animal comience a caminar, saliendo por fin de la paraplejia en la que se encuentra.