Afilados colmillos

Connotados desarrolladores inmobiliarios reconocen el desorden y la corrupción asociada al crecimiento inmobiliario en nuestro puerto

Leo con interés declaraciones de connotados desarrolladores inmobiliarios sobre la “justicia selectiva” aplicada por la SEMARNAT en 22 obras en Conchas Chinas, en nota aparecida en este diario hace algunos días.

Destaco que dichos profesionales reconocen el desorden y la corrupción asociada al crecimiento inmobiliario en nuestro puerto, así como la importancia de las inversiones en el sector. Llama la atención que el único cristal con que miran la realidad sea el económico, destacando los aspectos positivos del crecimiento, pero olvidando las afectaciones sociales y ambientales asociadas a la expansión de los últimos años. Ni una palabra sobre gentrificación, exclusión o sobre el secuestro de la plusvalía comunitaria para favorecer a un puñado de empresarios a los que ha convenido violentar las normas.

Nadie o casi nadie, quiere reconocer que se fueron fraguando prácticas viciadas para la obtención de licencias de construcción, sobre todo en la franja turística. En estos acuerdos participaron funcionarios, empresarios y profesionales de la construcción. Desde hace años se ha señalado que la normativa urbanística expresada en Planes Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) fue modificada discrecionalmente por la autoridad municipal respectiva mediante la presentación de “estudios” llamados Análisis Técnicos Justificativos (ATJ) para alterar las normas de control en dos aspectos clave: la altura y el número de unidades. Para muestra basta un botón: en 23 proyectos analizados en la Zona Romántica, se permitieron 1,165 departamentos cuando sólo podían construirse 340.

Gracias a un amparo promovido por particulares ante una obra abusiva localizada en la parte baja de Conchas Chinas y otorgado por el Tribunal Administrativo de Jalisco, se demostró que la autoridad municipal no tenía facultades para modificar sus propios instrumentos y, por tanto, los ATJ y las licencias de construcción derivadas son ilegales. Hoy dicho edificio está impugnado y aunque procede la demolición, no sucederá, teniendo que llegar a un acuerdo compensatorio entre las partes.

También tuvieron que suceder desgracias como el deslizamiento de un predio en lo que fue la casa Serena, así como las afectaciones generadas por el paso del huracán Nora para percibir que la relación entre naturaleza y expansión había sido afectada irremediablemente pero lejos de corregir el rumbo y volver a ser empáticos con nuestra casa común, mantuvimos inalterada a la codicia inmobiliaria.

Lo más grave de la anarquía vallartense y metropolitana es que la generación de valor producida por la urbanización (plusvalía) fue capturada por entes privados sin ser compartida de manera comunitaria, que es la que aporta valor a lo que comercializan los promotores inmobiliarios: paisaje, servicios, vialidades, equipamientos. Sin ello, no hay negocio que atraiga.

Para desmontar o atenuar la mentalidad extractiva a la que nos acostumbramos o de la que nos volvimos parte, hay que nombrar las cosas como son y evitar reducir la realidad a pesos y centavos. O dólares, en el mejor de los casos, dinero que llega a cuentagotas a las familias vallartenses pero que empodera a pocos, pero afilados colmillos.