Volver al pasado de la mano del INE
Javier Orozco Alvarado / Investigador de El Colegio de Jalisco, A.C.
Esta fue una semana de gran agitación, no sólo porque la Corte de los Estados Unidos declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado a Genaro García Luna, Jefe de la AFI (Agencia Federal de Investigación o Policía Federal) con Vicente Fox y Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón; sino porque el Congreso de la Unión aprobó el Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel.
Ante algunos de estos hechos, aun no entiendo por qué buena parte de los mexicanos añoran volver al pasado; un pasado en el que quienes gobernaban eran la autoridad y criminales al mismo tiempo, pues no sólo es el caso de los gobiernos de Fox y Calderón; sino también el de Peña Nieto, en el que durante su sexenio, al amparo del autodenominado “Nuevo PRI”, dominó la corrupción y el crimen organizado.
Sin ir tan lejos, basta recordar que en ese sexenio, en Nayarit, el Fiscal del Estado, Edgar Veytia, era también el encargado de la distribución de cocaína y metanfetaminas a cambio de dinero, en complicidad con Roberto Sandoval, gobernador del estado. O qué decir de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, actualmente en prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa con el crimen organizado. Lo mismo sucedió con Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien fue encarcelado por asociación delictuosa, peculado, corrupción, fraude y despojo de fondos gubernamentales.
En general, durante el gobierno de Peña Nieto fueron perseguidos otros gobernadores priistas por corrupción, desvío de recursos, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito; entre los que destacan, Tomás Yarrington (Tamaulipas), Roberto Borges (Quintana Roo), Guillermo Padres (Sonora), Andrés Granier (Tabasco) y Jesús Reyna (Michoacán).
Tenemos un pasado vergonzoso; por eso Donald Trump decía que los mexicanos éramos corruptos, violadores y narcotraficantes. Esa era nuestra imagen frente al mundo, porque desde el exterior se sabía que se cometían fraudes electorales, que nuestras autoridades eran corruptas y que nos gobernaban criminales; por eso muchos de ellos son juzgados y están en cárceles norteamericanas.
Quienes defienden al INE, defienden al sistema de partidos que les brindó el privilegio de tener sueldos millonarios por más de 20 años, como Lorenzo Córdoba, quien ostenta un cargo en ese instituto desde 2011, siendo inicialmente consejero del IFE y presidente del INE desde 2014.
De hecho, bajo la máscara de “sociedad civil”, Claudio X González, quien encabeza a la oposición, se ha encargado de conjugar los intereses de la élite dominante (ex gobernantes, intelectuales y caciques locales) con los intereses de los partidos que gobernaron en el pasado para defender los intereses y privilegios que están perdiendo con la llegada de un nuevo gobierno.
Y no es que defienda este régimen, que no es perfecto ni todo lo hace bien, pero cada gobierno acomoda las cosas como lo considera más conveniente, Morena con sus aliados, Verde y PT; al igual que lo hizo Peña Nieto con sus reformas estructurales con sus aliados PAN y PRD entre 2012 y 2014. Por eso, la defensa del INE es un parapeto que sólo la clase media se cree.