Socializar la plusvalía urbana

Es necesario acceder a territorios más equitativos mediante la socialización de la plusvalía

La zona metropolitana inter-estatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas (ZMIPV-BB) muestra un patrón de segregación y fragmentación entre la franja turística y el resto del tejido urbano alentado por su vocación recreativa.

Una de sus expresiones ocurre con la activa inversión inmobiliaria bajo la modalidad de viviendas en condominio, impulsada por la presencia de plataformas digitales de hospedaje, modificando discrecionalmente las normas de control urbanísticas en sitios de alta demanda y dejando pasar la oportunidad para que la plusvalía generada se redistribuya comunitariamente.

Ello encuentra una expresión material en la ampliación de la brecha de desigualdad socio-espacial, el encarecimiento mediante la especulación de predios, diversas formas de gentrificación, incremento en el precio de la renta y escasa inversión en vivienda social.

Para hacer el asunto más complejo, se presentan diferentes grados de consolidación institucional, conceptual y normativa en los instrumentos de planeación entre los estados de Jalisco y Nayarit. Un ejemplo es el desfase temporal en la vigencia y métodos, actualizados en 2020 para Puerto Vallarta mientras que en Bahía de Banderas datan de hace 20 años.

Ante este escenario, hoy es vital establecer una política de suelo que priorice su función socio-ambiental para que el uso, destino y aprovechamiento responda al bien común, fortalezca la rectoría del Estado en el ámbito territorial, y contribuya a que los beneficios de la urbanización sean equitativos para toda la población en la región.

La temática es tan pertinente que el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) formuló en 2020 una Política Nacional del Suelo (PNS), resaltando la importancia de cumplir en la dimensión social y ambiental, no sólo en su función económica, como parece acontecer hasta ahora. En el documento se establece que la función social del suelo es un principio que regula a la propiedad en favor del interés público, a partir de la práctica, formas de acceso y distribución entre los diversos sectores de la sociedad mexicana.

Bajo dichos principios, la gestión social del suelo prevalecería sobre el beneficio privado, garantizando los derechos de propiedad, pero promoviendo mecanismos para evitar la especulación y encarecimiento de un recurso escaso, irreproducible y que tiende a ser monopolizado por la mano del mercado inmobiliario.

Es necesario acceder a territorios más equitativos mediante la socialización de la plusvalía, y una oportunidad para lograrlo es incluyéndolo en el Programa de Ordenamiento Territorial (POT) que actualmente está en consulta pública.

Implementar la socialización de la plusvalía urbana parece una utopía en las ciudades turísticas, porque nos hemos acostumbrado al abuso territorial en vez de adoptar métodos para alentar la prosperidad colectiva. Pero la experiencia en otros contextos nos alienta a impulsar una agenda integral donde los ganadores seamos todos y no solo un reducido sector de hábiles inversionistas y corruptos funcionarios públicos.