Reformas Judiciales en México: Propuestas y Controversias

Las reformas que propone el presidente de México al Poder Judicial tienen por objetivo combatir el nepotismo y la corrupción, así como reducir el número de ministros, cancelar la pensión vitalicia de los integrantes de la Suprema Corte de la Nación y que estos sean electos por votación popular.

Dicha propuesta se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión, donde está siendo analizada y posiblemente será votada en septiembre, después de ser sometida a “consulta popular” para conocer la opinión del pueblo sobre estas reformas.

Los cuestionamientos a esta decisión del presidente se centran en el temor de algunos sectores de la población sobre la posibilidad de regresar al presidencialismo y a la dictadura de partido único, como ocurrió durante el largo mandato del PRI. La elección de jueces por el voto popular implica el riesgo de que estos estén alineados con el partido en el poder, y que, juntos, el presidente y su partido puedan imponer candidatos que garanticen el control total del sistema de justicia.

Este criterio tendría una connotación política por encima de criterios técnicos; situación que se padece no solo en los órganos judiciales, sino también en los órganos legislativos.

En el caso particular del Congreso del Estado de Jalisco, llama la atención que, en cargos tan importantes como la Secretaría General del Congreso, el principal requisito es contar con título profesional en áreas de ciencias sociales, humanidades o ciencias económico-administrativas y tener un mínimo de cinco años de haber egresado de la carrera.

Este cargo, a pesar de ser designado por la Asamblea mediante mayoría absoluta, tiene un origen más político que técnico, lo que ha llevado a frecuentes actos de corrupción y una laxa impunidad. Ahora que existe una amplia pluralidad en el Congreso del Estado, como resultado de las elecciones del pasado 2 de junio, ningún partido tiene la mayoría absoluta, por lo que es el momento de hacer también algunas reformas en el poder legislativo para profesionalizar ciertos encargos.

Según el artículo 46, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la Secretaría General del Congreso del Estado es el organismo encargado de coordinar, supervisar y ejecutar las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de las necesidades administrativas y financieras.

Así, además de los requisitos que establece el artículo 48 de la mencionada Ley, debería exigirse contar con mayores grados académicos y experiencia administrativa de carrera. Es decir, que además de ser electo por el pleno de la asamblea, el cargo debería ser sometido a concurso entre la ciudadanía para garantizar una administración adecuada, eficiente y transparente, soportada más en criterios técnicos y menos en intereses políticos o partidistas.