Mendicidad infantil: una urgencia ignorada

A cambio de una aparente ayuda momentánea, esos niños son atados a una vida sin educación, sin derechos y sin futuro

La presencia de niñas y niños en situación de mendicidad o realizando actividades comerciales en las calles de Puerto Vallarta no es una novedad. Lo alarmante es que esta práctica, lejos de disminuir, se ha incrementado de manera evidente en los últimos años. Cada vez es más común ver a menores, en compañía de sus padres o algún adulto, pidiendo dinero en la franja turística de la ciudad. Esta actividad no solo atenta contra su dignidad, sino que además constituye un delito: la corrupción de menores.

El Código Penal del Estado de Jalisco, en su Título Quinto Bis, “Delitos Contra el Desarrollo de la Personalidad”, específicamente el Artículo 142-A, establece penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta doscientos días de salario mínimo a quien induzca, facilite o promueva en un menor de edad el hábito de la mendicidad, el consumo de sustancias, la actividad sexual o la comisión de delitos. Si la víctima es menor de 12 años o se emplea violencia, poder o alguna función pública para ejercer dicha acción, la pena aumenta hasta siete años de prisión.

Durante la administración municipal anterior, el DIF Vallarta registró al menos 50 menores entre los 8 y 16 años utilizados para pedir limosna, en su mayoría en las zonas turísticas. El entonces director del DIF reconoció que muchos padres son plenamente conscientes de que incurren en un delito, pero lo justifican argumentando falta de apoyo del gobierno.

Sin embargo, el trasfondo es aún más preocupante: esta práctica no responde únicamente a la necesidad, sino a la rentabilidad. Algunos padres admiten que pueden obtener entre 700 y 1,200 pesos diarios, una cifra que supera el salario diario de muchas personas con empleos formales. Se ha detectado que la mayoría de estos adultos provienen del sur del país y normalizan esta actividad en sus hijos, transmitiéndoles la idea de que pedir en la calle es un modo de vida aceptable.

Lo más grave es que la Fiscalía del Estado de Jalisco ha estado ausente en operativos realizados por autoridades municipales, a pesar de que es la única instancia legalmente facultada para proceder penalmente contra los adultos y resguardar a los menores. Mientras tanto, las autoridades municipales se ven atadas de manos, ya que intervenir directamente podría interpretarse como una violación a los derechos humanos, lo cual es un dilema jurídico y ético de urgente atención.

Se ha documentado también la presencia de grupos organizados, particularmente de comunidades originarias o provenientes de Bahía de Banderas, que usan a menores para vender dulces o pedir dinero en cruceros. Esta forma de explotación infantil es cada vez más visible y sistemática.

La situación ya es crítica y no se resolverá con la indiferencia o la tolerancia social. Es indispensable que los tres niveles de gobierno—federal, estatal y municipal—actúen con responsabilidad y urgencia. Se requiere de una política pública clara, integral y sostenida que contemple programas de prevención, atención social, educativas y sanciones legales, así como la creación de protocolos interinstitucionales para rescatar a estos menores de la explotación.

También es momento de que la sociedad civil, empresarios, hoteleros y restauranteros asuman un papel activo. Una posible acción inmediata sería una campaña masiva de concientización en puntos estratégicos, informando a la población y a los turistas que dar limosna perpetúa el problema.

El mensaje debe ser claro: no se debe dar limosna, alimentos ni adquirir productos vendidos por menores en las calles, ya que, lejos de ayudarlos, esto prolonga su situación de vulnerabilidad. Es fundamental informar que, al darles dinero, se refuerza un modelo de explotación en el que adultos sanos y en edad productiva se benefician del trabajo infantil. A cambio de una aparente ayuda momentánea, esos niños son atados a una vida sin educación, sin derechos y sin futuro.

Es inadmisible que sigamos permitiendo este tipo de explotación disfrazada de necesidad. Si no actuamos ahora, esos niños crecerán creyendo que mendigar es su destino, truncando su desarrollo y perpetuando el ciclo de pobreza y marginación.

Puerto Vallarta no puede ser indiferente. Exijamos una respuesta inmediata, coordinada y firme. El tiempo de la complacencia ha terminado.