El INE y la democracia en México
La falta de credibilidad de la ciudadanía en sus autoridades electorales influyó para que en abril de 2014 el IFE cambiara de nombre a INE
Hablemos en Serio
Javier Orozco Alvarado
Investigador de El Colegio de Jalisco, A.C.
La democracia en México es aun relativamente joven e imperfecta; tiene poco más de cien años que se practica como forma de gobierno moderno en nuestro país.
La primera elección democrática en México durante el Siglo XX fue en 1911 con el triunfo de Francisco I. Madero y el subsecuente golpe de Estado de Victoriano Huerta; en 1955 acuden las mujeres a votar por primera vez y los primeros partidos de izquierda empiezan a participar en el sistema de partidos al inicio de la década de 1980.
A pesar de que el PRI se constituyó en la dictadura de partido único por cerca de ochenta años en nuestro país, es en 1981 cuando se crea el PSUM (Partido Socialista Unificado de México), el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en 1987, el Partido Mexicano Socialista y el PRD en 1989 y en 1990 el Partido del Trabajo (PT).
La historia reciente es de sobra conocida, pues a partir del triunfo del PAN en el año 2000 surge por primera vez la supuesta alternancia política y, más recientemente, aparecen otros partidos como Morena, que ahora impulsa iniciativas como la revocación de mandato para el perfeccionamiento de nuestra democracia.
Pero la tarea no ha sido fácil porque el viejo régimen se resiste a morir, pues a pesar de que en las urnas han sido derrotados el viejo PRI y sus aliados el PAN y el PRD, el IFE aún sigue vivo bajo el disfraz del Instituto Nacional Electoral (INE) que mantiene vigente el espíritu antidemocrático que caracterizó a su antecesor. Pues no hay que olvidar que fue bajo la coordinación y la supervisión del IFE en la elección de 2012 cuando el PAN, con Felipe Calderón al frente fraguaron el segundo gran fraude electoral de México contra Andrés Manuel López Obrador; después de aquella elección de 1988, en la que Carlos Salinas de Gortari le robó igualmente el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas.
La falta de credibilidad de la ciudadanía en sus autoridades electorales influyó para que en abril de 2014 el IFE cambiara de nombre a INE, pero manteniendo a su actual Consejero Presidente Lorenzo Córdoba Vianello, quien es señalado como uno de los principales aliados del PAN y la oposición en la estrategia para frenar el avance democrático en México.
De hecho, a raíz de que se aprobó la figura de la Revocación de Mandato en 2019 por el Congreso de la Unión, la nueva Ley instruye constitucionalmente al INE a coordinar este proceso; un proceso al que el Presidente de este instituto se ha negado sistemáticamente a organizar, contraviniendo el derecho ciudadano a votar democráticamente esta decisión en las urnas.
La serie de argumentos que han esgrimido los representantes de los partidos de oposición ante este instituto y el propio INE, desde que surgió esta iniciativa, es que no se llevase a cabo en la misma fecha de la elección del 6 de junio del 2021 porque implicaba dar una ventaja a Morena frente a los demás partidos al aparecer el nombre de AMLO; por esta razón se propuso mover la fecha para el mes de marzo de 2022. Posteriormente, y por considerar que era muy poco tiempo para la organización de este proceso, el INE movió nuevamente la fecha para el mes de abril del mismo año y, más recientemente, al no haber aprobado el Congreso de la Unión el presupuesto solicitado por este instituto para el ejercicio 2022, decidieron suspender la organización del proceso de Revocación.
La confrontación entre el Congreso y las autoridades del INE han llevado este caso a una controversia constitucional y hasta las esferas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que este Instituto cumpla con lo que mandata la Ley de Revocación y la Constitución Política. La reciente decisión de la SCJN es que el INE no puede posponer este derecho ciudadano a decidir democráticamente si ratifica o remueve al presidente de la república.
Por eso lo más criticable del INE es que no debe seguir entorpeciendo el avance de la democracia en México, ni seguir violando las leyes electorales ni nuestra Constitución Política en aras de seguir favoreciendo los intereses de una oligarquía que ha corrompido y controlado el sistema político del país en los últimos cuarenta años.
Pero, como acertadamente afirmaba Jean Jacques Rousseau en su libro sobre El contrato social, “… no hay gobierno tan sujeto a las guerras civiles y agitaciones intestinas como el democrático o popular, porque tampoco hay ninguno que tienda tan fuerte y continuamente a cambiar de forma, y exija tanta vigilancia y valor para conservarla”.