Coordinación metropolitana estancada
La semana pasada se publicaron en este diario declaraciones de Jorge Careaga, conocido notario y líder empresarial, en relación a la lenta capacidad de respuesta para atender las problemáticas metropolitanas en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Vale recordar que los primeros esfuerzos en la materia se remontan a 1978 cuando el gobierno federal formalizó la Comisión de Conurbación de la Desembocadura del río Ameca, resultando en documentos que permitieron disponer de una hoja de ruta para adelantarse al intenso proceso de expansión generado por la actividad turística.
La condición inter-estatal de nuestra región ha complejizado en grado extremo las tareas de coordinación por el diferencial de consolidación institucional entre las dos entidades federativas, aumentado por la mezquindad que ha privado al dominar una mentalidad egoísta y poco comprometida con las soluciones de fondo para el territorio compartido.
Se nos fueron casi 4 décadas descuidando los retos hasta que, a finales del 2019, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) formalizó el acuerdo entre Jalisco y Nayarit, consolidando el marco institucional a partir de tres instancias: la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, el Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Metropolitano (CCC) y el Instituto Metropolitano de la Bahía (IMBA).
En teoría, cada organismo cuenta con las facultades para aportar a la agenda, pero en la práctica, han dejado mucho que desear. Por lo que refiere a la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, está integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno que, a nivel federal, estatal (a excepción de Jalisco) y municipal emanan del mismo partido político pero que parecen rebasados por problemas que deben atender cotidianamente.
El Consejo Consultivo Ciudadano fue integrado respondiendo a cuotas de poder y obviando la experiencia o capacidad de muchos de sus integrantes, por lo que las exigencias no han estado al nivel de sus oportunidades. Además, permea el insuficiente compromiso de muchos de los consejeros porque atienden múltiples actividades laborales que restan energía a las tareas, así como una comunicación deficiente.
Finalmente, el IMBA cuenta con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en Bahía de Banderas, pero no hay organismo similar en Puerto Vallarta, por lo cual debe ser atendido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente o por Proyectos Estratégicos, resultando en ritmos diferenciados de respuesta.
Por las razones antes expuestas, lo señalado por Careaga hace mucho sentido, haciendo eco de la frustración ciudadana al reconocer que los problemas crecen en la región, pero las soluciones escasean. Un ejemplo: dos años después de la formalización de la Zona Metropolitana Inter-estatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas (ZMIPV-BB) no ha logrado concretarse la edificación del Puente Federación, elemento esencial para la infraestructura vial que debe unir ambas márgenes del río Ameca. Esto es inadmisible.
Hacemos votos para que la voluntad política y la capacidad de los responsables de mover la agenda metropolitana se renueven y podamos acceder a la vivencia de una región justa en atención a las múltiples riquezas que hemos recibido, la mayoría de ellas aportadas gratuitamente por la naturaleza.