Clínicas veterinarias públicas: un beneficio para la salud de elefantes blancos

Hace unos meses se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En él se establece la creación de clínicas veterinarias públicas en todos los estados, donde se deberá suministrar a los animales atención médica preventiva y, en caso de enfermedad, tratamiento avalado por un médico veterinario.

El aparente júbilo nacional por este documento legislativo es tal que pareciera que, en letras chiquitas, viene anotado que la instalación de estas clínicas estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las entidades y municipios en cada ejercicio fiscal. En consecuencia, en muchísimos de los 2,469 municipios del país no será una realidad en los próximos 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Y antes de que inicie la cantaleta de que “los veterinarios privados están ardidos y acomplejados porque van a perder clientes por ser gratuitas o de bajo costo” —porque así de predecibles son—, aclaro de una vez que no. En realidad, serán muy pocos los afectados, principalmente los médicos veterinarios que acostumbran a malbaratar su trabajo. Al final, de lo muy barato a lo gratuito hay solo un pequeño salto. Ese segmento poblacional va desde quienes de verdad tienen recursos limitados —y que en todo caso son muy irresponsables, pues si apenas pueden sostener a su familia es una insensatez tener un animal al que no pueden dar una auténtica tenencia responsable— hasta los hipócritas que dicen valorar mucho a sus mascotas, pero a la hora de pagar alimentos o atención médica, aun teniendo posibilidades económicas, su “amor” se devalúa estrepitosamente, cual moneda argentina en los últimos años.

Más contras, menos pros

Siendo objetivos y analíticos, las clínicas veterinarias públicas tienen más consecuencias negativas que positivas. Claro que las hay, pero diseccionemos el tema poco a poco.

Uno de los primeros cuestionamientos es: ¿por qué, si en el Sistema de Administración Tributaria se considera a las mascotas un concepto de lujo —pues su alimento causa IVA, a diferencia del alimento para animales de producción—, se plantea dar atención médica gratuita a las primeras y no a los segundos?

Otro cuestionamiento inevitable es: ¿por qué, si no existe como tal atención médica gratuita para las personas, sí habría para los animales? Al final, la atención en el IMSS se paga con cuotas de los trabajadores afiliados u otras modalidades. Además, en los últimos años dicho sistema ha carecido enormemente de insumos, con personal rebasado por la demanda y múltiples deficiencias. ¿No sería más sensato invertir primero en mejorar la atención médica ciudadana antes que la de las mascotas? Sé que muchos me dirán insensible, pero conviene recordar que el problema de los perros abandonados y maltratados es culpa de los mismos ciudadanos. Ni el gobierno ni los veterinarios pusimos perros y gatos en las calles; fue, es y seguirá siendo resultado de la irresponsabilidad, ignorancia y falta de educación de los habitantes de este país.

Creo que hace más falta invertir en educación y en personal capacitado que haga cumplir las leyes en materia de bienestar animal y tenencia responsable que en clínicas veterinarias públicas. Si hubiera educación y se aplicaran con rigor las leyes de protección animal, no necesitaríamos para nada de esas clínicas.

Otra pregunta que surge es cómo se manejarán los casos —o si de plano no se hará— de personas como los llamados “pseudo-criadores”. Y lo digo así porque un verdadero criador siempre tiene un médico particular al pendiente de sus reproductores. ¿Acaso les darán atención gratuita para que sigan reproduciendo animales de mala calidad y vendiéndolos a personas que, a la primera dificultad, los abandonarán? ¿O curarán gratis las heridas de los perros usados en peleas clandestinas?

¿De qué servirá dar atención si la gran mayoría de esas personas seguirá alimentando a sus animales con productos de baja calidad, sin darles antiparasitarios, sin enriquecer su ambiente de acuerdo con la raza y sin brindarles un espacio digno? ¿Cómo lo sé? Porque llevo 18 años atendiendo a este tipo de dueños: apenas pagaban los honorarios veterinarios, pero nunca cumplían con lo demás. Por eso afirmo que, en cierto modo, estas clínicas públicas son un alivio para los médicos privados: allá se irá toda esa gente que no quiere o no puede darle un trato digno a su mascota, y que solo generan frustración y dolores de cabeza en las clínicas privadas.

Y aquí es donde quiero dar mi más sentido pésame a los colegas que trabajarán en estas clínicas, pues estarán rebasados. Su atención se verá mermada por la impaciencia y la falta de criterio de los propietarios, además de la probable escasez de insumos. Aun así, la gente reclamará como si estuviera en la clínica más prestigiosa de la ciudad. Las calumnias y difamaciones en redes sociales no se harán esperar. Ojalá el gobierno cuide su salud mental, porque la doble moral social no perdona un mal resultado en la atención de un animal.

Al final, es bien sabido que lo gratuito rara vez se valora. A las personas a quienes se les da algo sin costo no se les hace más responsables: eso se aprende de otra forma. Y cuando pase el júbilo inicial y la gente empiece a cuestionar por qué no se invierte mejor en infraestructura vial, en salud humana o en servicios de interés común, el desencanto será evidente. Tener un animal es una inversión y un lujo. Si no lo fuera, ¿por qué no crear talleres mecánicos gratuitos para autos o servicios gratuitos para iPhones? Al fin y al cabo, tampoco todo mundo tiene coche o teléfono de alta gama.

En conclusión, las clínicas veterinarias públicas sí traerán beneficios para la salud… pero principalmente para la salud de nuevos elefantes blancos.