Barbas a remojar

En los últimos días del mes de octubre, ocurrió un suceso que volvió a cuestionar la relación entre naturaleza y vida humana. El fenómeno de la “gota fría” o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), dejó una estela destructiva con daños devastadores, tanto humanos como materiales en España, particularmente en Valencia. Este fenómeno extremo, intensificado por el cambio climático, subraya la urgencia por mejorar el ordenamiento territorial y la planeación urbana, así como la gestión de emergencias a nivel gubernamental.

El fenómeno evidenció severas deficiencias en los protocolos de alerta y coordinación en el contexto de un país que cuenta con una institucionalidad sólida. A pesar de las previsiones meteorológicas, los avisos llegaron tarde y la respuesta inicial fue limitada, con graves impactos en localidades como Utiel y Paiporta, zonas previamente identificadas como de alto riesgo de inundación. Unos días después, un fenómeno similar en Málaga, fue atendido con más seriedad, activando alertas tempranas, desalojos preventivos y restricciones de circulación que mitigaron los daños y salvaron vidas.

Este caso muestra la importancia de hacer uso de los sistemas de alerta como los avisos en tiempo real por telefonía celular para alcanzar una comunicación fluida con la ciudadanía que reduzca riesgos inmediatos.

Por lo que respecta a las obras hidráulicas basadas en canalizaciones para el desalojo del exceso de agua, quedó clara la insuficiencia ante fenómenos extremos. El empleo de infraestructuras verdes puede ser más eficaz al proponer un enfoque basado en soluciones naturales para restaurar humedales, crear llanuras de inundación y utilizar pavimentos permeables.

Estas medidas no solo disminuyen el impacto de las inundaciones, sino que permiten regenerar ecosistemas clave para la sostenibilidad. Por ello, hay que alentar a los tomadores de decisiones para que incorporen estas estrategias en sus planes de desarrollo a largo plazo, evitando la urbanización en zonas inundables y priorizando infraestructuras resilientes.

Lo acontecido en Valencia subraya la necesidad de disponer de protocolos claros y actualizados para las emergencias climáticas, así como impulsar una gestión territorial adaptada al cambio climático. Esto incluye integrar mapas de riesgos, promover espacios verdes con capacidad de absorción hídrica y mejorar la educación pública sobre autoprotección. Por demás necesario es fortalecer la cooperación interinstitucional que debe ser más ágil para responder a desastres de manera coordinada.

Para la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, este suceso debe traducirse en prácticas para reducir la exposición al riesgo y adelantarse a las profundas transformaciones que están sucediendo en varios puntos del planeta.

Finalmente, esta experiencia dolorosa es un recordatorio de que el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad que exige acciones inmediatas y contundentes desde el ordenamiento territorial y la gestión de las crisis. Adoptar estas lecciones no solo protegerá a las comunidades frente a futuras catástrofes, sino que fomentará ciudades más resistentes y sostenibles.