Autoritarismo o democracia en México

Muchos de los que opinamos, sin ser expertos, o hasta los que son, estamos de acuerdo en que era necesario modificar la constitución.

Dicen que la democracia es muchas veces un camino para la instauración de las dictaduras en nombre de las mayorías o del poder popular; en su nombre se somete a las minorías hasta que finalmente la sociedad en su conjunto queda dominada por regímenes autoritarios, sean socialistas o capitalistas.

Países como Cuba, Venezuela o Nicaragua dan cuenta de ello; en donde el gobierno de partido hegemónico impone sus reglas, en los periodos electorales se auto proclaman triunfadores absolutos y establecen un orden constitucional con el uso de la fuerza de las policías o el ejército.

Esto es lo que nos preocupa en México a quienes nos consideramos demócratas o fuimos alguna vez simpatizantes del socialismo utópico. Sabemos de los abusos que ha cometido o puede cometer la izquierda y de las atrocidades del totalitarismo capitalista.

Con sólo escuchar a Gerardo Fernández Noroña (izquierda) o a Ricardo Monreal (derecha), que son los feroces defensores de la reforma al Poder Judicial,

podemos imaginar lo que le espera en el futuro a nuestro país.

Y es que la manera en que fue aprobada la Reforma al Poder Judicial el pasado 10 de septiembre; en un ambiente de protestas sociales, de advertencias u opiniones internacionales y con una minoría legislativa traicionada por sus propios militantes; Morena y sus aliados aplastaron cualquier posibilidad de diálogo político o de consensos entre sectores de la población.

Muchos de los que opinamos, sin ser expertos, o hasta los que son, estamos de acuerdo en que era necesario modificar la constitución para establecer nuevos criterios salariales, derechos, prestaciones, sanciones o hasta privilegios; pero no era necesario reformar los mecanismos para la elección de jueces por voto popular y con criterios tan laxos para elegirlos. Sobre todo, porque ahora se corre el riesgo que el partido hegemónico, los grupos de poder, o los cárteles de la droga, promuevan o impongan los candidatos a juzgadores para que en el futuro actúen u operen en su favor, como sucede en el legislativo o hasta en el ejecutivo.

No porque los jueces sean electos por voto popular van a ser menos corruptos o va a haber mejor impartición de justicia. Si fuera así, no habría diputados, senadores, alcaldes, gobernadores o hasta presidentes de la república corruptos, quienes son también electos por voto popular; que por igual cometen actos de injusticia, como la que acaba de cometer el poder legislativo.

Y digo que es un acto de injusticia porque en la medida que el Poder Judicial deje de ser autónomo para ponerse al servicio del poder ejecutivo o ser sometido por el legislativo, los ciudadanos estaremos indefensos y expuestos a medidas autoritarias. Sobre todo, porque el poder Judicial y la Suprema Corte de

Justicia de la Nación son el medio jurisdiccional de nuestra Constitución Política que nos protege con imparcialidad de los actos de las autoridades que violen nuestros derechos humanos; y contra leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.

Ante esta lamentable resolución, lo único que podemos decir de AMLO es que nos deja un país con una enorme crispación social por su obstinada reforma; nos deja un ambiente económico y político internacional bastante desfavorable y sumidos en un entorno dominado por la violencia y el crimen organizado.