La peor parte

En estos esfuerzos deben establecerse protocolos para la resiliencia porque volverán a ocurrir situaciones similares

Hace dos semanas comentábamos sobre el paso del huracán Lidia en nuestra región, así como de la débil capacidad de respuesta en los entes gubernamentales y sociales. En aquel momento hicimos un recuento de los daños, así como de la carencia de mecanismos institucionales para anteponerse y superar los desastres originados por fenómenos meteorológicos.

Jamás imaginamos lo que habría de suceder en Acapulco y la costa de Guerrero con la llegada de Otis el 25 de octubre pasado, ciclón con una capacidad devastadora debido a su extraordinaria potencia, superando en intensidad a la célebre Patricia. Las proyecciones iniciales lo ubicaban como una tormenta tropical de menor grado, sin embargo, experimentó una intensificación vertiginosa, alcanzando velocidades de viento hasta de 270 kilómetros por hora. Tras su ingreso a tierra, la fuerza mermó con celeridad, desvaneciéndose al día siguiente, pero dejando una estela de decesos y afectaciones que aún duele contabilizar.

Pesa en el ambiente la sensación de ineficacia del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno para reducir la exposición al riesgo de la población, pareciendo que las autoridades no reaccionaron con la responsabilidad requerida. La falta de previsión, planeación y gestión de la catástrofe magnificaron las secuelas de lo ocurrido.

Se subraya la frágil coordinación entre las dependencias obligadas a intervenir, destacando la ausencia de protocolos de actuación para informar a los residentes, preparar refugios o implementar evacuaciones.

El gobierno federal no tiene capacidad operativa para hacer frente a la desgracia como resultado de años de recortes presupuestales, desaparición de organismos, desprofesionalización en la función pública y desdén por el cambio climático. Para muestra basta un botón: en esta administración se eliminó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1996 con el objetivo de proporcionar apoyo a los estados y comunidades en casos de catástrofes naturales. Desempeñaba un papel esencial para la población afectada, al suministrar auxilio y asistencia, con su activación mediante la declaratoria de emergencia.

A pesar de su importancia, en 2020 el Congreso de la Unión aprobó la extinción del fideicomiso que le daba soporte bajo el argumento del mal manejo de recursos, aunque nunca se presentaron o documentaron casos específicos de los presuntos casos de corrupción.

Por lo que respecta al gobierno de Guerrero, hace tiempo que ha sido secuestrado por el crimen organizado, siendo incompetentes para reducir la marginación y pobreza que azota a muchos de los municipios del estado. Y el Ayuntamiento de Acapulco tampoco dispone del talento humano para estar a la altura de los desafíos que experimentan cotidianamente y que han sido maximizados tras lo acontecido con Otis.

Ahora vendrá un doloroso y lento proceso de reconstrucción para la costa de Guerrero y Acapulco en particular, debiendo enfocarse el interés en los grupos y barrios marginados. En estos esfuerzos deben establecerse protocolos para la resiliencia porque volverán a ocurrir situaciones similares, solo es cuestión de tiempo. Ya tocó vivir la peor parte, ahora hay que proteger y anticiparse para la posteridad.

* Con especial dedicatoria para don Fernando Baños, en su cumpleaños.