Contradicciones en la gestión urbana
Ha terminado el segundo periodo de la administración municipal encabezada por Arturo Dávalos Peña, y es tiempo de hacer un balance en materia urbana.
Dentro de los aspectos encomiables destacan tres. El primero fue el impulso a la agenda regional con la firma del convenio de coordinación metropolitana con Bahía de Banderas que permitió formalizar el marco institucional compartido a través de la Comisión de Ordenamiento, el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y el Instituto Metropolitano de la Bahía (IMBA).
Lo segundo fue la formulación y aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), y que es una pieza fundamental para establecer objetivos, jerarquías y escalas de actuación del quehacer urbano, facilitando la alineación de las políticas para todo el municipio.
Y el tercer aspecto positivo, fue la actualización de 12 planes parciales de desarrollo urbano incorporando dos cuestiones novedosas: 1) la adopción de mecanismos de gestión de suelo como el impuesto al Incremento de Coeficiente de Utilización del Suelo (ICUS), el Espacio Público Programado (EPP) y las Áreas de Valor Urbano Ambiental (AVUA), impulsando el financiamiento para la consolidación del proceso de expansión; 2) la modificación del modelo de zonificación basado en “densidades” para migrar a los “impactos”, buscando reducir las afectaciones que genera el propio crecimiento.
El principal asunto cuestionable fue que el gobierno del “puerto que queremos” no supo (o no quiso) establecer una relación más fraterna con el medio ambiente y el colectivo social, dejando pasar la oportunidad para que las inversiones inmobiliarias constituyeran un motor para la prosperidad colectiva. Todo apunta a que se privilegiaron los acuerdos informales con fuertes capitales económicos para maximizar sus ganancias en detrimento de la comunidad.
Así, se convirtió en una práctica “normal” la modificación discrecional de los instrumentos de planeación urbana mediante componendas amparadas en una interpretación alevosa del artículo 35 del Reglamento Municipal de Zonificación, hoy extinto. Quizá los responsables de emitir estas licencias no imaginaron que el tesón y disciplina de unos vecinos opositores a un edificio en Conchas Chinas, demostraría que el Ayuntamiento no tenía facultades para cambiar sus propias normas urbanísticas.
Posiblemente tampoco previeron que se derrumbaría una porción de terreno en Amapas donde se pretende construir otra torre de departamentos, cuya licencia de construcción altera las normas de control consignadas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del distrito 9, entonces vigente.
Y lo que vino a confirmar las debilidades en la gestión urbana de ese Ayuntamiento fueron los destrozos causados por las lluvias durante el paso del huracán Nora a finales de agosto, particularmente en la cuenca del río Cuale.
El costo de gestionar el territorio diciendo una cosa y haciendo otra fue muy alto y nadie asumió la responsabilidad por los errores cometidos, otra de las características del grupo que apenas ha dejado el poder. Y aunque nuestra democracia es imperfecta, es vital que el ejercicio del poder tenga un límite, lo cual ayuda a renovar las prácticas de gobierno que suelen volverse fallidas con el paso del tiempo.
El Ayuntamiento que recién comienza debe atender las problemáticas territoriales y urbanas heredadas de sus predecesores y las que están por venir. De ello platicaremos en la próxima entrega.